Partidización de los espacios ciudadanizados
Los problemas que ha enfrentado la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la instalación del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, han demostrado que el asunto de fondo no es la negativa del gobierno capitalino de abrir sus archivos a los ciudadanos, sino que el interés primordial de los partidos y del gobierno es que el Consejo que deliberará sobre las controversias que surjan del procedimiento de acceso a la información y las negativas de información a los ciudadanos, sean dirimidas en organismos bajo control cuyos integrantes respondan a representaciones del propio gobierno y a propuesta de los partidos políticos mayoritarios.
Si recordamos el origen de la Controversia presentada por el Jefe de Gobierno, su objeción pimordial fue la forma como fueron seleccionados los tres Consejeros Ciudadanos. Sin dudar de la honorabilidad, imparcialidad y capacidad de los tres consejeros ciudadanos seleccionados por la II Legislatura de la Asamblea Legislativa, en efecto, su nombramiento no pasó por convocatoria pública alguna, lo cual aún sin estar en la Ley anterior, resulta de elemental transparencia.
¿Cómo y quién selecciona a los consejeros ciudadanos de los órganos autónomos? Lo deseable sería que la designación fuera producto de una convocatoria pública a través de la cual cualquier ciudadano interesado que cumpliera con un perfil determinado pudiera presentar su candidatura, y que un comité plural de selección (en este caso de la Asamblea Legislativa) pudiera identificar de entre los postulantes a aquellos más capaces y que cumpliesen mejor con el perfil deseado.
El proceso de facto que se repite para seleccionar a los consejeros ciudadanos de la mayoría de los órganos autónomos en la ciudad, está muy lejos de ese mecanismo transparente cuyo espíritu radica en que los elegidos sean capaces, imparciales y no respondan a intereses de los partidos políticos o del gobierno. En realidad, son éstos, los propios partidos políticos, los que postulan a sus simpatizantes o conocidos, acuerdan el número de espacios que le tocan a cada uno y aprueban el fruto del acuerdo. Así, la razón fundamental de ciudadanizar espacios de deliberación o fiscalización pública, que es dar transparencia a dichos procesos y no colocar a los partidos y al gobierno como juez y parte en el escrutinio de su propia gestión, queda muchas veces vulnerada.
No dudo que los consejeros seleccionados a través de estos mecanismos puedan actuar con imparcialidad y objetividad; incluso me atrevo a afirmar que Leoncio Lara, María Elena Pérez Jaén y Odette Rivas hubieran obtenido sus cargos sin ningún problema pasando por un proceso de selección transparente; sin embargo, no solamente los elegidos deben ser imparciales y objetivos, sino también el procedimiento de selección, pues aunque los seleccionados sean absolutamente independientes, el esquema de cuotas partidarias lo que promueve es un uso corporativo del poder.
En el caso del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, esos tres consejeros ciudadanos (con la lamentable ausencia de Leoncio Lara que sería su Presidente y cuya renuncia deja un espacio vacante) compartirán el Consejo con otros 14 funcionarios públicos, de los cuales, 4 son Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Estos integrantes fueron seleccionados con el mismo procedimiento de cuotas partidarias, pero más burdamente: en esta ocasión la cuota fue de 2 para el PRD y 2 para el PAN. No solamente no existe ningún criterio para seleccionar a los diputados integrantes del Consejo conforme a sus perfiles, trayectorias, propuestas de campaña o interés en el tema mismo, sino que no existió tampoco ningún criterio para determinar que solamente el PRD y el PAN podían repartirse los espacios disponibles.
El argumento a partir del cual dicha distribución se atribuye al número de curules obtenidas por cada partido no se sostiene ni un segundo. El PRD tiene el doble de diputados de Acción Nacional, aunque AN tenga el triple del PRI. Entonces ¿porqué 2 y 2? Ello aceptando que los 4 espacios se distribuyan por cuotas partidistas, y no de manera plural, dando espacio a todas las fuerzas políticas con representación en el órgano legislativo, lo cual sería lo deseable, pues al final del día lo que importa es que en el Consejo de Transparencia pueda vigilarse el cumplimiento de la Ley de manera imparcial, y lo que se requiere no es representación proporcional, sino equidad, pluralidad y legitimidad, valores que ésta vez no defendió Acción Nacional, quizás porque su fracción salió beneficiada con el acuerdo.
El nuevo proceso aprobado con las recientes modificaciones a la Ley para seleccionar al Consejero que hace falta (y a los que vengan) consiste en la emisión de una convocatoria pública abierta (ahora sí, publicada en la Gaceta Oficial del D.F. y en tres diarios) para que diversas instituciones de la sociedad civil presenten propuestas de candidatos a la Comisión de Administración Pública Local de la ALDF, para que ésta realice la selección del candidato y lo someta a votación del Pleno.
En la Ley anterior, el Presidente del Consejo sería nombrado entre sus pares. En el orden de ideas que he expuesto y dado que las modificaciones a la Ley determinan ahora que la ALDF nombrará al Presidente de entre los tres Consejeros Ciudadanos, será interesante ver si se toma en cuenta a las Consejeras para la Presidencia del organismo, o podemos adivinar una nueva partidización en la selección del consejero independiente que hace falta nombrar, el cual podría ser también el nuevo Presidente.
Cada vez son menos los consejos totalmente ciudadanizados como el tenemos a nivel federal en el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), o como el que solíamos tener en el Instituto Federal Electoral, que recientemente se reemplazó utilizando en mismo mecanismo de cuotas de los partidos políticos.
La transición a la democracia en nuestro país ha sido un proceso lento y tortuoso, con riesgos a presentar serios retrocesos: una vez reconquistada alguna credibilidad, los partidos políticos (todos al unísono) dan marcha atrás al escrutinio público de sus gobiernos y gestiones. Los espacios para los ciudadanos y sus organizaciones son cada vez más escasos, e incluso, cuando aparecen algunos, se propone que los consejeros ciudadanos no cobren y hagan su trabajo de manera voluntaria, para quedar como los únicos que trabajan voluntariamente (porque los funcionarios sí que ganan sus sueldos), y como espacios exclusivos para ricos donde se discrimina a todos aquellos (la enorme mayoría) que necesiten el salario fruto de su trabajo para vivir.
