Por Martha Delgado y Cristopher Ballinas
Publicado el 6 mayo, 2020 en La Razón
La pandemia obliga a los gobiernos del mundo a realizar acciones para atender la emergencia. Sin embargo, estas acciones pueden tener impactos en los derechos humanos, por ejemplo, al decretarse estados de excepción.
El Gobierno de México ha optado por privilegiar la salud con un enfoque de derechos humanos, sobre todo de los más vulnerables. Desde el ámbito multilateral desarrollamos acciones proactivas de defensa de los derechos humanos, a través de una coordinación con las agencias de la ONU y el sistema Interamericano de Derechos Humanos.
De acuerdo con la legalidad internacional, los decretos que promulguen estados de emergencia deben guiarse por cuatro grandes principios: el de legalidad, la necesidad, la proporcionalidad y la transitoriedad. Éste es el caso de los decretos que México ha plasmado en el Diario Oficial de la Federación con llamados a limitar voluntariamente la movilidad por periodos establecidos mientras se gestionaba un riesgo identificado de salud pública. Las autoridades mexicanas ponen especial atención en los grupos poblacionales más desfavorecidos. Así, se suspendieron las actividades presenciales en centros educativos de todos los niveles; las oficinas gubernamentales implementaron formatos de trabajo a distancia y se hizo un llamado a los sectores no esenciales para permitir a la población permanecer en su casa.
Para atender los derechos de los grupos más vulnerables se desarrollan herramientas para ayudar a las mujeres a mantenerse seguras durante la pandemia. Estamos profundizando las acciones de la Iniciativa Spotlight, que se ejecuta en México a través de la Conavim, ONU Mujeres y otras cinco agencias de la ONU en cinco municipios del país. Para garantizar el acceso a la información se habilitó el sitio electrónico https://coronavirus.gob.mx/ con toda la información sobre el Covid-19, así como las acciones de gobierno, con actualizaciones diarias.
Además, para la población en condición de migración, se trabaja progresivamente en posibles alternativas al alojamiento a migrantes y refugiados; se analizan criterios y procedimientos de alternativas para menores no acompañados en la Ciudad de México y la liberación de personas solicitantes de la condición de refugiado, así como en propuestas liberación de personas privadas de la libertad, y para garantizar la no incineración de cuerpos sin plena identificación.
El reto, una vez concluida la emergencia sanitaria, será garantizar los derechos económicos y sociales de las personas, y por ello se trabaja ya en los foros multilaterales. Parte de este esfuerzo fue la presentación por parte del Gobierno de México ante la Asamblea de las Naciones Unidas de la resolución para garantizar el acceso global a medicamentos, vacunas y equipo médico frente a la pandemia actual, que fue aprobada con 93% de los votos. Durante esta pandemia es importante que la protección de los derechos de todas las personas, y particularmente de las poblaciones más vulnerables, sea tomada en cuenta en todo momento, tanto en México como en el mundo.
En coautoría con Cristopher Ballinas
