La seguridad en el transporte público
El transporte público es uno de los servicios que determinan la calidad de vida de una comunidad, por lo que debe representar bienestar en términos de seguridad, eficiencia y comodidad.
En una ciudad como el Distrito Federal, donde diariamente nueve millones de personas utilizan algún modo de transporte, es necesario contar con reglamentos y herramientas eficientes que garanticen los derechos de los usuarios del transporte público, principalmente en términos de seguridad.
Sin embargo, como sucede en casi todos los temas relacionados con el desarrollo urbano, el crecimiento del sistema de transporte público no derivó de un proceso integral de planeación y programación del servicio, por lo que este es desordenado y ha permitido la existencia paralela de redes de corrupción que impiden aplicar con todo rigor los ordenamientos existentes.
El funcionamiento del transporte público destaca por la invasión y saturación de rutas, irregularidad en el servicio, falta de capacitación en los operadores, parque vehicular obsoleto y constantes violaciones a la normatividad.
Aunado a esta situación destaca el hecho de que el desarrollo del transporte público no puede verse como una situación única del Distrito Federal, sino como un fenómeno metropolitano, que incluye la demanda de los habitantes del Estado de México.
Se prevé que dentro de 10 años, ambas entidades movilizarán a 28.3 millones de personas, por lo que el reto principal será satisfacer la gran demanda que existe por un transporte moderno, eficiente y seguro.
Hoy en día, la cara del transporte público, principalmente el que se ofrece en microbuses y taxis, es de inseguridad, maltrato, incomodidad y obsolescencia de vehículos, que significan un riesgo para el usuario del servicio.
Datos oficiales revelan que el 60% de los viajes que se realizan en el Distrito Federal son en microbuses, cuyas unidades, en su mayoría, están en mal estado y el 95% ya cumplió su vida útil. Los operadores carecen de la capacitación suficiente y su manera de manejar es altamente riesgosa.
Información del Departamento de Estadística del Servicio Médico Forense revela que las muertes por hechos de tránsito más comunes son los atropellamientos, choques, volcaduras y la caída de vehículos en movimiento, ocasionadas principalmente por las constantes violaciones al Reglamento de Tránsito y el excesivo número de unidades (microbuses y taxis) que circulan en la ciudad.
Se estima que en la ciudad mueren aproximadamente 900 personas cada año en accidentes de tránsito, de las cuáles el 60 % son atribuibles al transporte público, principalmente a taxis y microbuses.
Estas cifras nos reflejan una realidad del transporte público: si bien la demanda que hay del servicio han obligado al incremento de rutas, sobre todo de microbuses, esto ha afectado la calidad de vida de los usuarios y de la comunidad en su conjunto.
De allí que uno de los motivos por los que la gente busca adquirir un vehículo particular sea la inseguridad que se vive a bordo de las unidades de transporte público, independientemente de otras situaciones como el estatus.
Una encuesta reciente realizada por la asociación civil Presencia Ciudadana Mexicana, sobre la percepción de los usuarios del transporte en el Distrito Federal, señala que las experiencias más desagradables en el transporte público concesionado están relacionadas con la inseguridad (38 %), falta de cultura cívica en el transporte (11%), incomodidad (6%), contaminación (2%) y tráfico (2%).
En tanto que para los usuarios de automóviles, su mayor preocupación en torno al transporte público es la seguridad (38%), lentitud en la movilidad (28%), falta de respeto (17%) y contaminación (10%).
Otro aspecto que evaluó esta encuesta es la preferencia de las personas por determinado tipo de transporte público, ya sea concesionado u operado por el gobierno.
Destaca la preferencia por utilizar el Metro como principal medio de transporte (41%) por su rapidez (51%), seguridad (18%) y comodidad (16%). Con respecto al microbús (16%), destacaron su rapidez (52%) y comodidad (37%). El taxi, con 14% de preferencia fue señalado por cómodo (50%), rápido (29%) y seguro (20%).
Cuando a la gente se le pregunto que transporte evita usar y las razones sobresalió el microbús con 27% por inseguridad (83%), incómodo 13%. Le siguió el metro con 23%, por incómodo 74%, lento e inseguro 13%. El taxi 11%, por caro 62%, inseguro 31%.
Otra información que destaca esta encuesta es lo relacionado con las obligaciones del gobierno. Para los ciudadanos encuestados, los medios de transporte públicos del gobierno son los de mejor calidad y servicio, con 57% de las opiniones contra 31% de los del sector privado. Sin embargo señalaron que el gobierno debe poner mayor atención en mejorar el control de calidad de los choferes (26%), mayor vigilancia y seguridad (22%), rutas más eficientes (21%) y mejores vehículos (18%), entre otros.
Al pedirles que evaluaran los aspectos negativos en el transporte, vuelve a surgir la necesidad de mayor entrenamiento y educación vial a los choferes. De tal manera que al responder cuál es el problema principal de los servicios públicos de transporte, la gente respondió que el personal operativo (33%), infraestructura (29%), seguridad (16%) y falta de organización de servicios comerciales (8%).
Estos datos nos reflejan que las preocupaciones de los usuarios del transporte se centran en la seguridad, la comodidad y la eficiencia. Y también advierten un llamado para que las autoridades asuman un papel de total vigilancia ante los abusos cometidos en este sistema.
En síntesis, la red de transporte público en su conjunto muestra bajos niveles de servicio, reflejado en los tiempos de recorrido del viaje, costos sociales, costos energéticos, cantidad de transbordos, demoras, incomodidad, seguridad y una severa contaminación ambiental.
Aún cuando se ha logrado avanzar en la renovación del parque vehicular de microbuses y taxis, lo que en algunos casos ayuda va mitigar en parte los riesgos de inseguridad, no se ha podido avanzar en el lado del cumplimiento de las normas de seguridad y de reglamentación vial.
En el Distrito Federal existen 28 mil microbuses y 103 mil taxis, sin contar con los 20 mil piratas, que en la mayoría de los casos ya han rebasado su vida útil l y no cuentan con las condiciones necesarias de seguridad, higiene y confort para brindar un servicio adecuado. A pesar de que se han otorgado créditos a 2 mil 239 microbuses y a 2 mil 323 taxistas, los esfuerzos para modernizar y mejorar el servicio han sido insuficientes.
La vulnerabilidad de los usuarios del transporte público es latente y esta también se extiende hacia los peatones y hacia las personas que deciden utilizar otros tipos de movilidad como los ciclistas.
Las actuales condiciones del tráfico que exhibe la ciudad, no sólo hacen evidente la pérdida del carácter de las calles como espacios para el encuentro, la convivencia y la comunicación de los ciudadanos sino que evidencian los riesgos en la integridad física de las personas debido al alto índice de accidentes viales.
La realidad es que peatones, ciclistas y usuarios del transporte público son sistemáticamente discriminados y excluidos por la falta de regulación sobre sus derechos dentro de la legislación en materia de transporte vigente para el Distrito Federal.
En términos de seguridad, ésta se ve limitada a la cobertura que las aseguradoras hacen de las unidades, más no de las personas. En síntesis, los usuarios del transporte en la mayoría de los casos carecen de ciudadanía en las políticas de transporte, situación que se agrava por las lagunas legislativas en esta materia.
Por ello se hace necesario incorporar al peatón y a los usuarios del transporte público como ejes de la política de transporte, ya que en la medida que se incluyan las necesidades e infraestructura peatonales y se aliente un transporte público eficiente y seguro se aumenta la calidad de vida en la ciudad.Los derechos de los usuarios del transporte público deben ser una prioridad dentro de las políticas de transporte. La ciudad padece de una falta de cultura cívica y de transporte que tutele las garantías de los peatones y usuarios del transporte, que como se ha mencionado son los grupos que representan el principal número de muertes por accidentes viales.
Esto se da principalmente porque los peatones y los usuarios de transporte público no son un gremio, o una colectividad que se manifiesten públicamente por sus derechos; sin embargo, en la Zona Metropolitana del Valle de México representa a más de 18 millones de personas que demandan un transporte digno y seguro.
Es un derecho de todos los habitantes del Distrito Federal contar con la prestación segura, digna, regular, continua, uniforme, permanente e ininterrumpida del servicio público de transporte. Actualmente los operadores del servicio no satisfacen dicho perfil lo que provoca ineficiencia, incomodidad e inseguridad para los usuarios.
Resulta urgente establecer normas de calidad, seguridad y funcionamiento técnico del transporte de pasajeros, pues la mayoría de autobuses, microbuses, combis y automóviles de alquiler, violan hasta las reglas mínimas como el uso de luces en la noche y alturas mínimas del interior del vehículo, topes de velocidad y saturación de pasajeros.
Además es indispensable que las autoridades de la Administración Pública, en el ámbito de su competencia, garanticen la estancia y tránsito seguro de las personas mediante la construcción de infraestructura e instalación de los señalamientos viales necesarios; así como la posibilidad de conectarse entre medios de transporte y vialidades, ya sea mediante corredores, andenes, semáforos, puentes, pasos a nivel o a desnivel y otros dispositivos y protecciones necesarias.
Es necesario acabar con las deficiencias y ausencias jurídicas sobre los derechos de peatones, ciclistas y usuarios y proponer los lineamientos que desde el punto de vista de los ciudadanos, deberían contemplar los ordenamientos jurídicos y administrativos para garantizar tales derechos.
Para los ciudadanos es un derecho vivir en ciudades pensadas, diseñadas y organizadas a la medida de los seres humanos y no de los automóviles. A gozar de amplias zonas peatonales insertadas en la dinámica general de la ciudad, con una infraestructura vial que nos permita acceder a las calles y aceras con seguridad, así como contar con un servicio de transporte público eficiente, limpio, articulado y debidamente equipado para movilizarnos libremente en la ciudad.
En la construcción de nueva infraestructura para el transporte es obligación de los gobiernos garantizar el equilibrio urbano y de mejoramiento de las condiciones de vida de la población, a partir de la creación y el mantenimiento de espacios públicos, del cuidado de la infraestructura vial ya existente y del ordenamiento del transporte.
Estas consideraciones deben estar enfocadas en alcanzar una ciudad más humana que da prioridad y dignidad a la vida de las personas, a través de normas y leyes que privilegien lo colectivo y lo humano.
Es inaplazable impulsar en la Ciudad de México un cambio cultural que entrañe otra visión del transporte y de la movilidad urbana, más humano, menos violento y enemigo del medio ambiente. Con una alta consideración de transporte público eficiente, limpio y seguro que sea la punta de lanza para valorar desde otra perspectiva el transporte público.
Contar con un transporte que satisfaga las necesidades de la población, con las características ya mencionadas, será un factor determinante para inhibir el irracional y anárquico incremento de automóviles de uso particular.
Resulta evidente que la legislación sobre transporte y vialidades continúa anclada en una visión que privilegia a las máquinas y excluye a los modos autónomos de movilidad, como son los peatones, ciclistas y usuarios, a quienes ignora sus derechos y en cambio abruma de obligaciones.
Aún persiste en los gobiernos la idea de destinar un monto sobresaliente del presupuesto público para la construcción de nuevas y cada vez más costosas vías para los automovilistas particulares, quienes sólo representan el 20% de la población del Distrito Federal, mientras que la asignación del presupuesto para la construcción de infraestructura que privilegie el espacio público para goce de los peatones y el desarrollo de otras alternativas de transporte seguro y eficiente son mínimas.
De no entrañar otra visión de transporte, las ciudades no estarán preparados para los desafíos de este nuevo siglo y muy poco se avanzará en la satisfacción de las necesidades de la población de contar con modos de movilización seguros y eficientes.
