El viernes pasado concluyó la primera Conferencia de las Parte (COP1, por sus siglas en inglés), realizada en Chile, la cual estuvo enfocada al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, comúnmente conocido como Acuerdo de Escazú. Mientras la agenda pública está saturada de varios asuntos que, sin temor a equivocarme, son menores por su peso y trascendencia, pocos se enteraron de un encuentro fundamental para el medio ambiente de nuestra región.

¿Qué hace tan relevante al Acuerdo de Escazú? Su importancia radica en ser un instrumento que garantiza el derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental. Aplica y fortalece capacidades de cooperación y garantiza la protección del derecho que tienen
las generaciones actuales y futuras a un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano.

Una de las grandes virtudes del Acuerdo de Escazú es que fue resultado del trabajo conjunto de organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de América Latina y el Caribe, para impulsar de forma conjunta la vinculación de los derechos ambientales y los derechos humanos. Su adopción se convierte en una gran oportunidad para brindar bienestar, seguridad y erradicar desigualdades sociales, principalmente en comunidades que viven en situación de vulnerabilidad, y así dejar un legado internacional y ecológico a su ejecución.

Uno de los grandes retos de este instrumento es su adopción por más países de América Latina. De los 33 países de la región, 24 firmaron el acuerdo en 2018 y tan solo 12 lo han ratificado. Dentro de estos se encuentra México, que ha sido uno de los principales promotores de este instrumento, una vez que representa un compromiso con la democracia ambiental y fortalece la gobernanza en la materia, tanto a nivel nacional como regional. Desde que México se adhirió al Acuerdo de Escazú, ha trabajado intensamente en su implementación. Ha creado un grupo interinstitucional y tres subgrupos de trabajo a fin de diseñar una ruta de acción para garantizar y fortalecer prácticas relativas a cada uno de los derechos de acceso del acuerdo. En este sentido, ha sido fundamental la coordinación y colaboración con diversos grupos de la sociedad civil, la academia, gobiernos en sus distintos niveles, autoridades subnacionales y agencias de cooperación como la francesa y la alemana.

En términos de acceso a la información, hemos trabajado para garantizar la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, asegurando la equidad e igualdad de oportunidades, y traduciendo el acuerdo a las lenguas náhuatl, maya y mixe. En acceso a la participación, llevamos a cabo un análisis de las necesidades de los mecanismos de participación, para adecuarlos y fortalecer el registro digital de participación en las consultas. Finalmente, en cuanto al acceso a la justicia, reconocemos los desafíos más apremiantes vinculados a la construcción de capacidades en las dependencias encargadas de la
impartición de justicia y en aquellas donde recaen las reformas legislativas.

Además de informar sobre los avances alcanzados en nuestro país, durante la COP México anunció que realizará una aportación al Fondo de Contribuciones Voluntarias, para así apoyar los trabajos de la Conferencia en sus próximas ediciones, priorizando programas multifocales que fortalezcan
la gobernanza ambiental en la región. Para nuestro país es una prioridad participar en las agendas que atiendan de forma real los temas sustanciales y más apremiantes para América Latina y el Caribe. Los reflectores deben voltear a estas temáticas, no por un asunto de popularidad, sino de relevancia para enfrentar los grandes retos que tenemos en materia ambiental. Será prioritario que las aspiraciones de las naciones hermanas de la región fortalezcan una respuesta coordinada y efectiva, que nos permita llegar a un escenario sostenible y armónico con la naturaleza, avanzando hacia el futuro sin dejar a nadie atrás.

Por Martha Delgado Peralta*
*Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la
SRE