El Acuerdo de Escazú es una herramienta única que contiene disposiciones específicas sobre las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. | Martha Delgado

Desde muy joven, mi pasión por la naturaleza y el cuidado al medio ambiente me llevó a ser activista y después legisladora, para luego seguir en el camino de la función pública en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y ahora como Subsecretaria en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este camino, siempre he tenido en mente que nuestro planeta es único y su cuidado es fundamental; en ello, el derecho a la información en asuntos ambientales se volvió una de las tareas primordiales para quienes nos consideramos ambientalistas.

Participar, primero, desde la sociedad civil y  luego ser testigo de la ratificación del Acuerdo de Escazú en 2021, me ha dejado una reflexión importante: las presentes y futuras generaciones tenemos la tarea de seguir avanzando en la garantía y cumplimiento de nuestros derechos de  vivir en un ambiente sano y lograr un desarrollo sostenible.

Para avanzar hacia esta dirección, México ha adoptado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú; el cual es una herramienta única que contiene disposiciones específicas sobre las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, y cuya implementación efectiva nos proporcionará un marco de derechos humanos sobre acceso a la información, acceso a la justicia y participación pública en asuntos medioambientales.

Si bien estamos a casi dos años de la entrada en vigor del tratado, los países que han ratificado el Acuerdo aún se encuentran ante desafíos importantes en torno a la plena implementación del mismo, así como en temas de generación y aplicación de los mecanismos para su exigibilidad y justiciabilidad. Sin embargo, México ha buscado mantener su liderazgo y refrendar el compromiso multilateral en la región latinoamericana y caribeña en materias de protección y cuidado del medio ambiente, desarrollo sostenible, acceso a los derechos a la salud y a un medio ambiente sano. Un ejemplo de ello, fue la exitosa participación de nuestro país en la Primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, realizada en Chile en abril del 2022. 

En días pasados, en seguimiento a nuestros compromisos adquiridos, nos reunimos en la Cancillería con representantes de organismos internacionales en México, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), miembros del cuerpo diplomático acreditado en México, además de funcionarios de la Administración Pública Federal, organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores interesados en este acuerdo. Esto con la finalidad de presentar los pasos concretos que el Gobierno de México ha tomado para avanzar hacia la justicia ambiental.

En ese sentido, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores reconocemos el trabajo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de las demás dependencias gubernamentales que colaboran para crear las herramientas garantes de los derechos plasmados en el Acuerdo de Escazú en materia de acceso a la informacio´n, participacio´n pu´blica en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Lamentablemente, desde 2012, la cifra de asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo asciende a mil 733; de los cuáles el 68% sucedieron en América Latina y el Caribe, esto de acuerdo con Global Witness. Esta es una de las razones principales para impulsar en la región un proceso de concientización que busque canalizar esfuerzos a favor de las personas defensoras del medio ambiente. Para ello, debemos refrendar un compromiso que requiere la estrecha colaboración entre todos los actores.

Consecuentemente, los avances en torno al Acuerdo de Escazú requieren de una gran coordinación entre los distintos poderes —ejecutivo, legislativo y judicial—, así como una mayor integración de las autoridades locales. Además, su implementación debe ser un proceso intergubernamental, transversal y multi-actor, que asegure que nadie se quede atrás. Por ello, con el objetivo de hacer frente a esta situación, México aportará más de 15 millones de dólares para implementar acciones en favor de la gobernanza medioambiental a nivel nacional.

La implementación del Acuerdo de Escazú, junto con las Convenciones de Río y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, son primordiales para poder avanzar en las transformaciones sistémicas con verdadero sentido de justicia climática y equidad hacía un desarrollo climático resiliente, resaltando así la importancia en la toma de decisiones basadas en la ciencia y la mejor información disponibles a fin de responder a los retos que nos presenta el cambio climático.

Finalmente, desde la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, hacemos un llamado a los actores involucrados para definir nuestras rutas de acción; de cara a la Segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP2, por sus siglas en inglés), que se llevará a cabo el próximo mes de abril. Desde estos espacios buscaremos seguir trabajando a favor de las personas defensoras del medio ambiente, la protección de nuestros ecosistemas y el derecho transversal a un medio ambiente sano y equitativo.