- Es el primer acuerdo ambiental regional y con precisiones específicas para proteger a los defensores ambientales
- México presentó la hoja de ruta que guiará la implementación del Acuerdo en el país
- El trabajo para su construcción y las acciones que adoptará nuestra nación demuestran el compromiso con la democracia ambiental y con la integración regional
El día de hoy entró en vigor el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el Acuerdo de Escazú. Este instrumento demuestra el compromiso de los países miembro con la democracia ambiental y pone de manifiesto la importancia de la hermandad latinoamericana.
Para celebrar la entrada en vigor del Acuerdo se realizó un evento virtual, hoy, Día de la Tierra, que contó con la presencia de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), así como de las y los ministros y viceministros de América Latina.
En sus palabras, Bárcena, hizo un recorrido por la historia del Principio 10, ahora materializado en el Acuerdo, y enfatizó que se requieren pactos que integren a los actores sociales. “Es un día para hacer la paz con la madre tierra y demostrando nuestro compromiso con la naturaleza” también señaló que es un trabajo para los derechos humanos y la inclusión y un camino para implementar la Agenda 2030.
En ese mismo sentido, durante su participación, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Martha Delgado Peralta, también dijo que “los desafíos ambientales no deben y no pueden ser combatidos solamente con acciones políticas, necesitamos el involucramiento de la sociedad”.
Destacó que “a partir de hoy podremos decir que América Latina comienza una transformación que busca retribuir al medio ambiente una pequeña parte de lo que nos ofrece, anteponiendo la justicia social ante los intereses de unos cuántos. De este modo, se da prioridad a las demandas de los ambientalistas latinoamericanos, entre ellos, los pueblos indígenas, la juventud y las personas de la tercera edad”.
Además, explicó que, desde el momento de la ratificación de México ante la Organización de las Naciones Unidas, comenzaron los trabajos para tener la hoja de ruta que guiará la implementación del Acuerdo. “el documento fue elaborado por 12 Secretarías de Estado del gobierno federal y dos institutos descentralizados, resultando en una herramienta que permitirá hacer un análisis interno para identificar fortalezas, así como requerimientos para cumplir con las responsabilidades definidas”.
Finalmente dijo que nuestro país ya tiene tres subgrupos de trabajo y, honrando el propio espíritu del Acuerdo, se integrará a la sociedad civil. Enfatizó que México es un aliado y pone a disposición de todos su experiencia en este camino.
Algunas de las acciones que el Gobierno de México adoptará son: la traducción del Acuerdo a 5 lenguas indígenas; difusión de los puntos esenciales del Acuerdo en radio y televisión, con el apoyo de del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; acceso a la información relacionada al Acuerdo por parte de diversas Secretarías de Estado y se desarrollará un plan de mejora de los canales de participación ciudadana; por último, se reforzará el marco legal mexicano en materia ambiental.
Con la ratificación conjunta por México y Argentina el pasado 22 de enero se sumaron las ratificaciones necesarias establecidas en el Art. 22 del Acuerdo regional para que “el nonagésimo día contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el undécimo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación” pudiera entrar en vigor.
Cabe mencionar que el marco legal de México contribuyó a la construcción de este documento jurídico, lo cual demuestra la importancia de la integración regional para permitir responder a los problemas actuales que la afectan.
