Como ambientalista y tomando en consideración la importancia del desarrollo sustentable para la Ciudad de México, la agenda legislativa priorizó los siguientes temas:
Espacios públicos. La Ciudad de México es una de las más desordenadas del mundo, sus calles están invadidas por mafias que promueven el contrabando, la piratería y el robo, y los habitantes cuentan con muy pocas áreas verdes (4m2 por persona, por debajo de los 16m2 por habitante recomendados por la ONU). Los anuncios espectaculares por lo general explotan de manera privada la vía pública degradando el paisaje urbano y en ocasiones poniendo en riesgo la seguridad de los transeúntes. Durante Febrero se presentará una iniciativa de Ley del Espacio Público.
Transporte sustentable. Son millones de ciudadanos los que demandan un transporte digno, eficiente, acorde con los horarios laborales y la estructura de la Ciudad, y sobre todo seguro y no contaminante. Actualmente se invierte mucho tiempo y recursos en la movilización, por ello desde distintos espacios y foros se promovió la construcción de los corredores con carriles reservados para el transporte colectivo, la sustitución de los microbuses por vehículos de mayor capacidad y que utilicen combustibles alternativos, y la creación de un sistema integrado de transporte público metropolitano en coordinación con el Estado de México.
Asimismo se presentó una Iniciativa de Ley para garantizar los derechos de los usuarios del transporte público, los peatones y ciclistas, y para fomentar una cultura de respeto hacia de los usuarios de bicicletas como medio alternativo de transporte, así como para destinar espacios exclusivos para el uso de la bicicleta quitándole espacio al automóvil.
Rescate del suelo de conservación. En el Distrito Federal existen más de 450 asentamientos humanos irregulares, muchos de ellos establecidos en el suelo de conservación. En los últimos dos años el crecimiento urbano en áreas prioritarias para la conservación ecológica fue de 3,480 hectáreas, especialmente en Cuajimalpa, Tláhuac y Xochimilco. Esto ha provocado la pérdida de suelo de conservación, y con ello pérdidas de vegetación natural necesaria para la recarga del acuífero, pérdidas de biodiversidad y de la superficie de las Áreas Naturales Protegidas que son propiedad de todos los ciudadanos.
Por ello promovimos con diversos puntos de acuerdo y la participación activa con comuneros y grupos ambientalistas para detener las invasiones al suelo de conservación y desalojar las áreas invadidas, e impedir en esas zonas autorizaciones para el cambio de uso del suelo, que continúan fluyendo con base en la corrupción y el uso electoral del poder. También se impulsó el otorgamiento de mayores facultades de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial para con ello otorgarle poderes para sancionar las invasiones, las construcciones ilegales y todo uso indebido del suelo de conservación en el Distrito Federal.
El agua. Para el año 2010 habrá en el Valle de México 21 millones de habitantes de los cuales el 42% se ubicará en el DF. La sobreexplotación de los mantos acuíferos se estima en 120% y como consecuencia la ciudad de México sufre hundimientos de hasta 30 centímetros anuales. Esto puede provocar que las reservas de agua se mezclen con aguas salinas más profundas, lo que inutilizaría toda la reserva. Además, el 70% de los cuerpos de agua del Valle de México se encuentran altamente contaminados, se generan 6.3m³/s de aguas residuales, y sólo se tratan 1.2m³/s. Pese a esta dramática situación, alrededor del 40% del agua se pierde en fugas por las tuberías en mal estado.
Ante esta situación se promovió la creación de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua, la cual trabaja con una visión de mediano y largo plazo para alcanzar una gestión integral del agua, que permita garantizar el suministro al 100% de la población sin poner en riesgo el abasto para las futuras generaciones, así como para mejorar la calidad del recurso hídrico, ya que considera que la gestión del agua plantea un problema que abarca aspectos de carácter urbano, ambiental, económico, social, cultural, fiscal e institucional. Así como la urgente necesidad de contar con una coordinación entre legisladores, autoridades y representantes de distintos sectores sociales, para diseñar una estrategia que permita una mejora significativa en el manejo del recurso hídrico de la Cuenca del Valle de México.
Prioridades y Líneas de Acción de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:
- Fortalecimiento institucional y administrativo del Sistema de Aguas de la Ciudad.
- Desarrollo de mecanismos para su autosuficiencia financiera de la gestión del agua y el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica.
- Desarrollo de esquemas de coordinación para promover la gestión metropolitana del agua.
- Exploración de tecnologías y alternativas científicas para el manejo integral de cuencas.
- Promoción de la participación social en la toma de decisiones para la gobernabilidad del agua y su garantía como derecho humano.
- Identificación de acciones legales y políticas públicas para rescatar el suelo de conservación y la dimensión ambiental del agua.
Asimismo, la agenda legislativa se concentró en promover la cultura democrática, a través de
el acceso a la Información como una herramienta que garantice la apertura informativa y la rendición de cuentas por parte de la autoridad. También se le dio énfasis a la Participación Ciudadana con una re definición que vincule a la ciudadanía lo más posible con la democracia moderna. Para ello resulta indispensable fortalecer las instituciones representativas en vez de crear mecanismos que las debiliten. En este sentido, la participación ciudadana debe ser un complemento de la democracia representativa y debe darse de manera espontánea, voluntaria y con un alto grado de civismo.
La Transparencia y la rendición de cuentas con la presentación y el respaldo de iniciativas y puntos de acuerdo tienden a promover una gestión de cara a la ciudadanía y son prácticas que permitan a los ciudadanos hacer un escrutinio público del trabajo de sus representantes.
