La legislación sobre transparencia y el acceso a la información gubernamental debe ser una herramienta que garantice la apertura informativa y la rendición de cuentas por parte de la autoridad.

Desde campaña asumí el compromiso de trabajar por que los ciudadanos verifiquen que la autoridad cumple con su mandato, y que la rendición de cuentas no solo dependa de la voluntad de informar sino también del derecho a solicitar información a la autoridad y que ésta tenga la obligación de entregarla.

De poco sirve para la transición democrática de nuestra ciudad, el contar con una Ley que promueva la transparencia y el acceso a la información gubernamental, si esta es usada como herramienta para restringir el acceso informativo o para que la autoridad actúe con la mayor discrecionalidad dentro y fuera de la ley, haciendo que la rendición de cuentas sea limitada.

Es por ello que en la Diputación promoví las siguientes acciones en torno a la transparencia y el acceso a la información:

– Que sea un tema que deje ser discutido a modo de los diversos intereses de los Grupos Políticos y que se realicen los esfuerzos necesarios de análisis y propuestas para adecuar la normatividad a la realidad vigente;

– Que exista voluntad de atender y fomentar la rendición de cuentas en la ciudad;

– Que se conforme un Consejo de Información Pública ciudadano, se dote de mayor transparencia a los procesos de elección de los consejeros ciudadanos y se exija que la elección de consejeros se realice en razón de criterios de probidad, capacidad profesional comprobada, trayectoria civil y experiencia en la materia de transparencia y acceso a la información, otorgándose asimismo mayores facultades al Consejo,

– Que se establezcan criterios claros de clasificación de la información para garantizar el efectivo acceso a la misma,

– Que tanto las autoridades en todos los ámbitos de gobierno, como las organizaciones de la sociedad civil y en general los ciudadanos, tomen una posición activa en el tema,

– Que los legisladores cumplamos con nuestra función de adecuar el marco normativo considerando interpretaciones modernas y los avances tecnológicos, y que esto se realice con el mayor análisis y responsabilidad, dotando también de un sentido ciudadano y efectivo a este derecho;

– Que el ejercicio de este complejo derecho se realice con las menores restricciones posibles y fortaleciendo la credibilidad en las Instituciones que intervienen en tan importante labor.