Transparencia: un anhelo legítimo1

Por Martha Delgado Peralta*

La información es el oxígeno de la democracia. Del acceso que se tenga a la información dependen en gran medida la credibilidad y legitimidad de los gobiernos, pero sobre todo la posibilidad de lograr una participación activa y propositiva de la sociedad, que hasta ahora no ha encontrado canales adecuados para incidir en las decisiones públicas.

De poco sirve para la transición democrática de nuestra ciudad, el contar con una Ley que promueva la transparencia y el acceso a la información gubernamental, si esta es usada como herramienta para restringir el acceso informativo que como método para ordenar la apertura informativa.

En las últimas semanas el Gobierno del Distrito Federal ha pretendido clasificar como “confidencial” y “reservada” la información relacionada con calidad, infraestructura y operación del Sistema de Aguas del Distrito Federal, así como la que tiene que ver con los gastos de publicidad que realiza su área de Comunicación Social. Luego de que esto ha sido difundido en el diario Reforma, se ha dado marcha atrás y se procedido a su “corrección”.

Lo cierto que este gobierno se ha caracterizado por la poca apertura informativa y por la no inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones. A pesar de la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, prevalecen las prácticas de “cerrazón” y de obstaculización para acceder a información de interés ciudadano.

Las restricciones que se imponen a la información que por Ley es pública, merman la transparencia gubernamental, pero sobre todo representan un retroceso en la vigilancia ciudadana contra la corrupción gubernamental.

Desafortunadamente las pocas puertas que se le abren a los ciudadanos en materia de opinión e información y sobre todo las de injerencia en las decisiones que se toman en torno a sus comunidades, son bloqueadas a través de cláusulas de confidencialidad, clasificación de información y exigencia de datos personales para ofrecer información de interés general.

Lo que se ha generado es un clima de adversidad que afecta proyectos benéficos para el desarrollo urbano y medio ambiente de la ciudad, como es el caso del Metrobus, que ante la falta de difusión y de información para aclarar las inquietudes ciudadanas ha generado un clima de oposición, rechazo y desconocimiento de los beneficios o afectaciones a la población.

Recientemente la asociación civil Presencia Ciudadana dio a conocer que hasta 11 veces ha solicitado información sobre ese proyecto al Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación, y ésta ha sido retrasada o se ha respondido de manera inadecuada, en el mejor de los casos. Lo mismo sucede con organizaciones de transporte que quieren conocer los proyectos planeados para la ampliación del Metrobus en otras vialidades, y que a la fecha no han recibido respuesta de la autoridad.

Aunque tampoco como sociedad hemos logrado consolidar una cultura de participación, existe el legítimo interés de promover y mejorar las prácticas de acceso a la información como prerrequisito de la participación pública.

El Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, firmada por México en 1992, establece que “Los problemas medioambientales son abordados de mejor manera con la participación de todos los ciudadanos interesados al nivel pertinente. A nivel nacional, cada individuo tendrá acceso apropiado a la información acerca del ambiente que posean las autoridades públicas, incluso información sobre materiales peligrosos y su manipulación en sus comunidades y la oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones. Los Estados facilitarán y fortalecerán el conocimiento y participación pública haciendo la información extensamente disponible. Asimismo, se proporcionará acceso eficaz a los procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo reparación de daños y los recursos pertinentes.”

Por eso se debe aplaudir la discusión que se tendrá en el seno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sobre la iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que busca clarificar los mecanismos de clasificación informativa, que actualmente son ambiguos y poco claros.

Es importante resaltar que esta Iniciativa también busca “ciudadanizar” el Consejo de Información Pública, que actualmente se compone por un mayor número de representantes de los órganos de gobierno, que de ciudadanos independientes, lo que sin duda le dará mayor credibilidad e imparcialidad a su actuación.

También debe reconocerse la rectificación que la propia Asamblea Legislativa hizo de sus intenciones por clasificar información de auditorías, gastos en publicidad, entre otras, lo que debe entenderse como una señal de que los órganos autónomos trabajamos por la transparencia y la rendición de cuentas.

La exigencia actual es la construcción de gobiernos más transparentes, participativos y responsables con los compromisos que asumen en todos los ámbitos, pero principalmente en materia de políticas y gestión del medio ambiente.

Como ciudadanos queremos formar parte de la toma de decisiones que afectarán nuestra vida cotidiana. Pero sobre todo, demandamos gobernantes, dependencias y servidores públicos que rindan cuentas, que sean transparentes y trabajen por erradicar la corrupción.

Si la información es el oxígeno de la democracia, que la rendición de cuentas y la transparencia sean el sostén de la credibilidad, hoy indispensable para el avance de nuestra sociedad.

* Diputada Independiente en la ALDF

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1. Artículo publicado en el periódico Reforma el 13 de marzo de 2005, en la sección Ciudad y Metrópoli