Uno de los principales retos que tenemos como humanidad es que los grandes temas que nos impactan no sean parte de agendas aisladas o coyunturales, sino ejes centrales y permanentes de nuestra discusión y quehacer público. La COP26 (Conferencia de las Partes) sube a la palestra el cambio climático como la prioridad número uno que tenemos en el mundo; la gran crisis que debemos atender sin escusa ni concesión alguna, pues cada minuto que tardamos en actuar suma a la factura que pagaremos inevitablemente como especie.
Hay escepticismo sobre la utilidad de reuniones como la Conferencia de las Partes. He tenido la fortuna de asistir a estas conferencias desde la COP5 y he sido testigo de la evolución de estos encuentros y de la forma en la que los países negocian las acciones que a nivel global –no individual– debemos ejercer para enfrentar el cambio climático.
Nuestro país asiste a la COP26 con el objetivo de impulsar una gobernanza ambiental justa e inclusiva, que tome en consideración a los grupos más vulnerables. Para lograr esto, necesitamos contar con el financiamiento suficiente para destinar los recursos con un enfoque en adaptación y cambio climático.
Estamos convencidos de que para encarar el fenómeno debemos tener una visión regional. México, en su calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), ha puesto en el centro de la discusión el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas entre las partes, e impulsamos la necesidad de una arquitectura global con mecanismos justos, transparentes y equitativos. En esta línea, estamos convencidos de que los países desarrollados deben cumplir con su compromiso de movilizar 100 mil millones de dólares por año hasta el 2025 en financiamiento climático, y tomar medidas decisivas para incrementar significativamente esa suma.
Ahora bien, no solo es necesario tener fondos suficientes para hacer frente a la crisis climática, sino contar con mecanismos que logren que el acceso a estos sea posible y oportuno. En este sentido, la revisión y modernización del fondo verde se convierte en una discusión fundamental en esta COP para lograr la movilización de recursos hacia la contención del calentamiento global.
Los temas climáticos necesitan una reacción colectiva similar a la que observamos con la pandemia. Si logramos entender que el impacto del calentamiento global es aún mayor que el de la crisis provocada por la COVID-19, tal vez en ese momento podamos sumar las voluntades políticas, sociales y reunir los recursos y esfuerzos que se requieren para que podamos enfrentar colectivamente el gran reto que tenemos como humanidad.
No obstante, para ello es necesario poner en el centro a las personas y a quienes son más vulnerables. No podemos darnos el lujo de rebasar 1.5 grados centígrados de temperatura promedio, porque esto será catastrófico. Pero tampoco deberíamos tolerar que se profundice la pobreza de millones de personas y que se incremente su número como resultado de la falta de oportunidades de desarrollo. Este es un buen momento para vincular el cambio climático con los derechos humanos, y para hablar de justicia climática.
Martha Delgado Peralta* *Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. SRE
