Existe una crisis global del agua, generada por la convergencia de tres fallas críticas: de insostenibilidad ambiental, de inequidad y pobreza, así como de gestión de los servicios de agua y saneamiento que permanentemente resienten las presiones de privatización.

El debate sobre el modelo de gestión del agua que debe adoptarse en ciudades como la nuestra, necesariamente debe abordar las cuestiones ambientales, sociales y financieras inmersas en el manejo de los recursos hídricos, así como los principios de equidad y sostenibilidad. Hoy, todo apunta a que la gestión del recurso debe basarse en estrategias de conservación, ahorro y eficiencia, y que la participación privada no ha sido el camino para materializar estos principios.

Por ello la gestión debe adquirir un nuevo enfoque. En lo ambiental, debemos de partir del hecho de que los bosques son grandes almacenes de agua y se están deteriorando, ya que históricamente la administración del acuífero se ha dado como si éste fuera un ente ajeno al resto de los elementos con los cuales interactúa, cuando el manejo del acuífero no puede estar disociado de su principal fuente de captación de agua: el suelo de conservación, con la idea de tener menor presión sobre las extracciones del acuífero y reducir la dependencia de fuentes externas.

También es preciso reflexionar sobre los valores y derechos en juego, ya que la cuestión social presupone que, en funciones básicas de supervivencia, el agua debe garantizarse, priorizando la sostenibilidad de ecosistemas, la producción de alimentos para una vida digna y el acceso universal a aguas de calidad, como un derecho humano. 40 litros/persona/día (la fuente pública, potable y gratuita) suponen apenas el 1,2% del agua que usamos. Mientras que, en funciones de salud y cohesión social (servicios domiciliarios de agua y saneamiento), debe situarse en un segundo nivel de prioridad, en conexión con el interés general; de ahí, que los modelos de gestión pública deben ser participativos, vinculatorios con los derechos y deberes ciudadanos, que incluyan costos (tarifas) acordes a los consumos y que permitan financiar servicios de calidad y de acceso universal y lejanas al manejo político del recurso.

Finalmente, en el aspecto financiero, el debate de gestión no debe perder de vista que de cualquier manera el garante de pago siempre será la entidad pública (Gobierno), y ésta no puede renunciar a su obligación de otorgar los servicios, ello debería implicar no subrogar responsabilidades vitales, como la planeación y dirección de los servicios, el desarrollo de la infraestructura y la cobertura de los servicios, entre otros aspectos. De ahí que privatizar la gestión se pone en tela de juicio versus la democratización de los servicios desde nuevos modelos de gestión pública participativa.

El debate debe orientarse a dilucidar el problema planteado, bajo las siguientes interrogantes:

¿Debe de hablarse en general del “agua como derecho humano” o habría que matizar la cuestión dependiendo del uso al que se vaya a destinar?

¿Qué garantías debe ofrecer el servicio de suministro de agua?

¿Cómo se puede garantizar calidad y cantidad en el servicio cuando existen sistemáticamente fallas en el suministro, principalmente en zonas socialmente desfavorecidas?

¿Pueden convivir derechos de acceso universal como el derecho humano al agua con servicios privatizados?

Cuando se habla de transparencia en la gestión de un servicio básico como el de agua y saneamiento ¿es posible que un operador privado o concesionario del servicio tenga como prioridad ser transparente con los ciudadanos a los que sirve o con los principales accionistas de la empresa?

¿Cómo podría un gobierno articular una gestión transparente y mecanismo efectivos de control social contra la corrupción o el burocratismo?

¿La participación privada en la gestión supera los problemas de ineficiencia y opacidad en la gestión? ¿Es real la idea de que la intervención privada es lo único que permite obtener recursos financieros, o es la forma más eficiente de gestión?

¿Existen formas de participación privada que no impliquen que los gobiernos pierdan el control del recurso y los servicios, una empresa pública puede permitir esta intervención sin la pérdida de las obligaciones de estado?

¿Existen modelos tarifarios que hagan compatible una recuperación de costos, que garantice el financiamiento de un servicio de excelencia para todos, y al mismo tiempo, el acceso universal, aún para las familias más pobres?

¿Quién y cómo deben plantearse los modelos tarifarios, garantizando que sean ajenos a decisiones políticas?

¿Cómo incluir en el modelo tarifario la protección de los servicios que nos proporciona el suelo de conservación?