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Si bien el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal regula la forma en que han de llevarse los debates, el Diputado Presidente negó el uso de la tribuna con fundamento en el artículo 120 de dicho Reglamento, que establece que para el razonamiento de voto podrán hacer uso de la palabra un diputado por cada grupo parlamentario, y al no contar la Diputada Martha Delgado con grupo parlamentario se le negaba su petición.

Al respecto la Diputada Martha Delgado indicó al Presidente de la Mesa Directiva que el criterio y el artículo aplicado en esta ocasión vulnera su derecho a participar en los debates del Pleno como cualquier otro diputado electo en esta Asamblea Legislativa. El razonamiento de la Diputada Martha Delgado se sustenta en el principio de supremacía de la ley sobre los reglamentos.

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA:

LA C. DIPUTADA MARTHA TERESA DELGADO PERALTA (Desde su curul).- Señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputada: ¿Con qué objeto?

LA C. DIPUTADA MARTHA TERESA DELGADO PERALTA (Desde su curul).- Diputado Presidente, respetuosamente quisiera solicitarle permitirme razonar mi voto.

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Martha Delgado, en términos del artículo 120 el razonamiento de voto se le otorga a los grupos parlamentarios hasta por 10 minutos, por lo que no ha lugar a su petición.

Sí, diputada Martha Delgado: ¿Con qué objeto?

LA C. DIPUTADA MARTHA TERESA DELGADO PERALTA (Desde su curul).- Únicamente, diputado Presidente, quiero dejar asentado que el criterio y el artículo que usted ha aplicado en esta ocasión está vulnerando mi derecho a participar en los debates del Pleno como cualquier otro diputado electo en esta Asamblea Legislativa. Lo lamento mucho.

EL C. PRESIDENTE.- Hay otros momentos en el debate en el que podrá hacer usted uso de la palabra, no hay ninguna negación a su derecho, y en términos del 120 y como Presidente de la Mesa, tengo que acatar lo que establece nuestro Reglamento.

RAZONAMIENTO DE VOTO DE LA DIPUTADA INDEPENDIENTE MARTHA DELGADO, EN TORNO A LA REFORMA ELECTORAL

Sin duda, existen puntos de avance en la reforma electoral que hoy estamos votando. No vengo a cuestionarlos o a ponerlos en duda. Son avances visibles que dejan, sin embargo, más déficits que un balance positivo. Si nos salimos de la lógica de los acuerdos partidarios para ver el asunto electoral desde la perspectiva mayoritaria del ciudadano, podemos percibir, sin ninguna duda, que lo que hoy se apruebe en este recinto legislativo seguirá manteniendo una distancia fundamental con lo que nuestro sistema electoral requiere para que sea confiable ante los ojos y el sentir ciudadanos.

Lo que hoy vivimos es un testimonio reiterado, y ello debiera preocuparnos, de que la lógica partidaria no logre traducir anhelos explícitamente formulados por la ciudadanía y que podemos conocer de manera organizada por los distintos instrumentos de medición de opinión pública. Para ninguno de nosotros es un secreto que existe un explícito, contundente y masivo rechazo a los montos que se destinan a los procesos electorales. Aquí incluyo no solamente lo que se gasta en los partidos políticos sino también en las autoridades y en los órganos judiciales electorales. Más rotundo no puede ser el rechazo a esos montos. Pero así como de fuerte es la oposición ciudadana a los gastos ofensivos que se destinan a los procesos electorales es de fuerte la resistencia que encuentra en los partidos para poner el proceso electoral en una vía que no entronice al dinero como el máximo elector.

Pero no se trata sólo de los ominosos montos que marchan a contracorriente de un país pobre en su mayoría poblacional. Se trata del destino prioritario que se otorga a esos recursos. Todos sabemos que un porcentaje que rebasa holgadamente el 50% se destina a promocionales en medios de comunicación. En los montos y en el destino que se otorga al dinero público con fines electorales creo que se encuentra uno de los pivotes más dinámicos de la perversión de nuestra vida política. El costo del proceso electoral nos lleva a colocar la democracia centrada en el dinero y en la capacidad para obtenerlo; pero no centrada en el ciudadano y en cómo conquistar su voto a través de la calidad y pertinencia de las agendas, de las propuestas, de la discusión contrastada de proyectos. En vez de una democracia vuelta a la ciudadanía tenemos una democracia vuelta hacia el dinero. En vez de una democracia ciudadana, una democracia dineraria.

Otro asunto que me preocupa enormemente es el de los órganos electorales. La lucha de varios decenios desembocó a mediados de los noventa en una ciudadanización sustantiva de nuestras autoridades electorales. Con ellas tuvimos los comicios más creíbles en el 2000. Sin embargo, y a partir de ese momento, los órganos electorales han sufrido un proceso regresivo. En vez de ampliar esa ciudadanización y consolidarla hoy asistimos al retorno de una integración partidaria de los órganos electorales. Ello es grave porque está anulando, no en la ley, pero sí en los hechos, una conquista democrática que permite el funcionamiento de la autoridad electoral con autonomía. Esa autonomía es absolutamente imprescindible para otorgar las garantías que los propios partidos políticos requieren y, desde luego, los ciudadanos, para que los procesos electorales se desarrollen con un nivel sólido de confiabilidad y legitimidad.

En este punto exhorto a mis compañeros de las distintas fracciones parlamentarias para que el tema de las autoridades electorales que tenemos en puerta sea una ocasión para refrendar el principio de la ciudadanización y que no hagamos un ejercicio de simulación haciendo pasar como independiente a un representante de partido.

En relación al mismo tema me quiero referir a la institucionalización de los órganos electorales. Es indudable que hemos avanzado notablemente en nuestros procesos electorales institucionales. A nivel nacional, nos hemos convertido en una referencia internacional cuando se organizan procesos comiciales lo mismo en Latinoamérica que en Irak, lugares donde se ha solicitado y se les ha brindado ayuda y consultoría técnica y procedimental por parte del IFE. Sin embargo, es una institucionalización que requiere de consolidarse. No creo, como algunos analistas afirman, que la institución electoral ya es tan sólida que no importa la calidad de quien venga a encabezar esos organismos. No comparto esa visión porque, por un lado, las instituciones son procedimientos normativos asentados en el tiempo, y por otro, son acciones ejercidas por personas. Y la acción de esas personas pueden acrecentar la institucionalidad o pueden vulnerarla si las instituciones no están suficientemente arraigadas en la vida pública por el paso del tiempo. Es claro que en nuestro caso si bien hemos avanzado en términos institucionales, nuestras instituciones ni están asentadas en el tiempo y todavía son altamente maleables a la acción de quienes las encabecen.

Por estas reflexiones creo que debe haber en nuestras consideraciones y decisiones próximas un gran cuidado, que resumiría en dos propuestas: refrendar la ciudadanización y no la integración partidaria del órgano electoral, por un lado, y garantizar, a través de la renovación parcial o la permanencia del actual Consejo, la continuidad institucional.

Un tercer punto que abordo es el de los partidos locales. La construcción de representaciones pasa en la mayoría de las entidades federativas por la aceptación de partidos locales. Es claro el sentido de la inclusión. Los partidos locales recuperan los tonos y las especificidades de las regiones que, en muchas ocasiones, los partidos nacionales no logran reproducir. La dinámica nacional no es la misma que la local mucho menos cuando políticamente la nación se organiza federalmente. Tenemos gobierno local, parlamento local, autoridades delegacionales pero no partidos políticos locales. Sé muy bien que éste es un tema polémico. Puede aceptarse o rechazarse la pertinencia de los partidos políticos locales. Lo que no parece correcto es que el tema no aparezca en la agenda de discusiones, que se le haya marginado al punto de la extinción. Creo que la propia lógica de la organización política federal nos lleva por lo menos a plantear éste como un punto que debe ser debatido.

Concluyo expresando que espero que en un futuro los legisladores aprobemos una reforma electoral que traiga verdaderos beneficios a la ciudadanía, que incluya principalmente el reclamo ciudadano de la disminución del financiamiento otorgado a los partidos políticos.