Trabajo legislativo / Intervenciones en comparecencias

Segundo periodo ordinario de sesiones. Tercer año de ejercicio

POSICIONAMIENTO DE LA DIPUTADA MARTHA DELGADO DURANTE LA COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, MAESTRO EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

Diputadas y diputados, distinguidas invitadas, distinguidos invitados; maestro Emilio Álvarez Icaza, sea usted bienvenido a esta Asamblea Legislativa.

En una situación política, como la que vivimos por la coyuntura electoral, resulta trascendente para los ciudadanos contar con instituciones sólidas, responsables y con todos los instrumentos necesarios para desarrollar un trabajo autónomo como una garantía para la equidad y para la justicia.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sin duda juega un papel de gran trascendencia como pilar de las instituciones autónomas de la ciudad que abonan el camino de la democracia y de ahí la importancia de impulsar su fortalecimiento en aras de seguir avanzando en la construcción de un estado comprometido con la defensa de los ciudadanos, que pocas veces cuentan con alguien que los respalde y asesore de manera independiente, porque no podemos sino aceptar que mujeres, ancianos, niños en situación de calle, indígenas, personas con orientación sexual diversa, grupos que demandan un medio ambiente sano, entre otros, representan el Talón de Aquiles en materia de derechos humanos.

Por ello, resulta relevante que más allá de las vicisitudes políticas, electorales o partidistas los órganos autónomos, en este caso la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pero de igual manera el Instituto Electoral del Distrito Federal y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, así como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial tengan el respaldo de todos los sectores de la sociedad como instituciones que hacen de vehículo de la democracia a la transparencia y a la rendición de cuentas.

Es en épocas difíciles como las que hoy vivimos que más se requiere tener un marco de referencia en el respeto a las instituciones autónomas y no en su debilitamiento. Para los ciudadanos organismos como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal significan muchas veces el último recurso ante la imposibilidad de encontrar en los actos de autoridad acceso a la equidad y a la justicia, ven en la Comisión una institución que da esperanza, que da confianza y en sus investigaciones, en la deliberación de los casos y en sus recomendaciones ven también la esperanza y la posibilidad de que podemos construir una ciudad y una sociedad mejor.

Por eso, compañeros diputados, compañeras diputadas, como representantes de los ciudadanos nos corresponde fortalecer y apoyar la labor de las instituciones que dan certidumbre y dan confianza a la sociedad; nos corresponde abrir todos los espacios para que su labor no sea bloqueada, marginada o limitada, y reitero que los partidos y el gobierno deben considerar a las instituciones autónomas como una garantía para la equidad y la justicia y no como una amenaza.

También es una obligación de los gobernantes atender sin demora aquellas resoluciones en donde se dé cuenta de acciones que vulneran los derechos humanos de los individuos y dejar de lado el camino de la crítica y la descalificación, más aún cuando no se tiene ningún sustento, lo que podría traducirse en una suerte de irresponsabilidad ética y moral; hacer lo contrario significa un retroceso en materia de conquista de derechos humanos. Estos derechos se han conquistado, cada libertad alcanzada ha sido fruto del esfuerzo de décadas de trabajo de muchas personas, activistas y organizaciones que desde dentro y desde fuera de la administración pública se han empeñado porque todos podamos gozar de estos derechos indispensables.

Nuestro compromiso como legisladores tiene que ser para adelante y no dar mensajes equivocados a la comunidad. En este sentido debe reconocerse la labor que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha realizado para colocarse a la vanguardia en su materia, por un lado trabajando en el fortalecimiento de los derechos de los individuos para acceder a la justicia y promover el respeto irrestricto a los grupos vulnerables para que no sean objeto de situaciones que afecten aún más su condición; por otro lado también haciendo valer otros derechos que de igual manera son trascendentes para la comunidad y para garantizar una calidad de vida digna para los ciudadanos, como la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población capitalina.

Sabemos en este último caso que el reconocimiento de los derechos ambientales es reciente en la legislación nacional e internacional; que en el Distrito Federal, el Gobierno de la Ciudad y el órgano Legislativo no han trabajado de manera contundente para garantizar el disfrute de estos derechos que se ven violentados sistemáticamente.

En su informe justo nos da cuenta de la importancia de que autoridades y sociedad trabajemos y reconozcamos que la salvaguarda de un medio ambiente sano y equilibrado es un derecho de todos los ciudadanos y una importante vía para avanzar hacia un desarrollo sustentable que nos ofrezca la posibilidad y la oportunidad de ver también por las futuras generaciones.

En este sentido resulta alarmante el incremento constante de las quejas relacionadas con la violación al derecho a un medio ambiente sano que se nos da a conocer en el informe que usted presenta y que significan un aumento del 551 por ciento, lo cual no es sino una evidencia más de que el deterioro ambiental es uno de los problemas más serios que presenta la ciudad.

Comparto con usted, maestro Álvarez Icaza, el planteamiento de que el deterioro ambiental afecta de manera más crítica a los grupos vulnerables, puesto que es por demás evidente que esta situación es uno de los principales generadores de pobreza, de marginación y de pérdida de recursos económicos y de pérdida también de competitividad económica para nuestra ciudad.

Lo grave del asunto reside en el hecho de que tantos los partidos políticos en el gobierno, el propio Poder Judicial se carece de una propuesta ambiental que aborde con seriedad, con responsabilidad y de manera holística la solución de los problemas ambientales que hoy son un impedimento para el desarrollo sustentable, como lo son los problemas por falta de una gestión integrada del agua y de la Cuenca del Valle de México en materia de accesibilidad, de disponibilidad, de calidad, la disposición final de los residuos sólidos, el manejo sustentable de nuestros bosques, la conservación de nuestros recursos naturales y de la biodiversidad con la que todavía cuenta nuestra entidad, así como la prevención de la contaminación del aire, del suelo, del agua y de la contaminación por ruido que es también uno de los principales problemas que atiende la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, así como el mejoramiento de la calidad del aire; ello debido a la bajísima prioridad que se le otorga a los temas ambientales en cuanto se cotejan con otro tipo de problemas cuyas soluciones son más impactantes, más redituables políticamente o simplemente las soluciones son más fáciles y por eso se abordan primero.

También debido a una ausencia de visión de conjunto que impide a las autoridades armar, y a la autoridades me refiero a todos los órdenes de gobierno y poderes en la ciudad, armar políticas públicas, legislación y hacer una justicia integrada en materia de políticas públicas, de transporte, desarrollo urbano y de manera conjunta con al política ambiental; entre ellas mismas, las políticas de transporte, de medio ambiente, de desarrollo urbano tendrían que guardar una mínima coherencia.

Así lenta, progresiva y a veces irreversiblemente se deteriora el patrimonio ambiental de nuestra ciudad y con ello la calidad de vida de su población actual y futura.

Hemos sido testigos de cómo se ha desarrollado una política de urbanización y construcción anárquica que tendrá impactos negativos importantísimos sobre la viabilidad de la restauración, de los acuíferos, de los bosques y de la calidad del airea en el Valle de México.

La demanda ambiental es una dimensión vinculada intrínsecamente a la calidad de vida de la población: ¿qué y cómo produce, dónde y cómo habitamos, qué come, qué respira, qué bebe la gente? Cuando la dimensión ambiental se relega no puede esperarse sino una sociedad degradada en cuanto a sus posibilidades de producción y de consumo y en cuanto a sus modos de vida y de existencia.

Por ello resulta de enorme valía que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se coloque a la vanguardia en estos temas y sea la punta de lanza para que los tres poderes de órdenes de gobierno incorporen en las leyes, en las políticas públicas y en la impartición de justicia instrumentos eficaces para garantizar a los ciudadanos sus derechos ambientales.

En este trabajo es necesario involucrar a todos los actores de nuestra ciudad, puesto que aún permanece la percepción de que los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sustentable deben discutirse y atenderse en espacios diferentes.

Como ciudad podemos abonar el camino para que el derecho al medio ambiente sano sea considerado como un asunto prioritario para el Estado en tanto es un derecho exigible. Deberíamos empezar los legisladores por repensar la forma de acreditar el interés jurídico de los ciudadanos que exigen un medio ambiente sano y generar un interés jurídico simple para que cualquier ciudadano pueda demandar el cumplimiento de estos derechos en nuestra comunidad.

Hoy los principales problemas ambientales de la ciudad, como lo son la contaminación del aire, la escasez del agua y su gradual contaminación y el acecho constante a nuestro suelo de conservación, representan una severa amenaza para la salud pública, para el desarrollo sustentable y por lo tanto también una severa amenaza para la dignidad humana.

De antemano, maestro Emilio Álvarez Icaza, me sumo a los esfuerzos que desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se orientan para avanzar en la promoción de estos derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, puesto que la agenda ambiental debe ocupar el lugar que las circunstancias exigen y con el tema ambiental no hay marcha atrás en la ciudad, las acciones son impostergables si queremos vivir en una mejor ciudad y como parte de nuestra responsabilidad hacia las futuras generaciones.

Muchas gracias.

 

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