Segundo periodo ordinario de sesiones. Tercer año de ejercicio

POSICIONAMIENTO DE LA DIPUTADA MARTHA DELGADO DURANTE LA COMPARECENCIA DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, MAESTRO BERNARDO BÁTIZ

Diputadas y diputados, distinguidos invitados que nos acompañan el día de hoy; maestro Bernardo Bátiz Vázquez, sea usted bienvenido a esta Asamblea Legislativa.

Distinguido Procurador. La semana pasada lo antecedió en esta tribuna el Secretario de Seguridad Pública, ante quien me referí al tema sobre la percepción que tiene la ciudadanía de la inseguridad y sobre la necesidad de no sólo enfocar los esfuerzos de la dependencia en abatir el crimen sino también en ganarse la confianza y la credibilidad de la población. Esto sin lugar a duda también aplica a la tarea y la actuación de la Procuraduría Capitalina, ya que en más de un sentido el temor al crimen implica también a la desconfianza de las autoridades.

Esa desconfianza hacia las autoridades se traduce en lo que la ciudadanía percibe sobre la pésima atención que se recibe en las agencias del Ministerio Público, el desprestigio de las autoridades y servidores públicos y de otras situaciones que también apuntalan la idea de que ir a denunciar es inútil y que haciéndolo no sucede nada.

Desafortunadamente en la dependencia que usted encabeza es en donde los ciudadanos menos perciben los cambios que ocurren. Si nos apegamos a las cifras oficiales que usted nos da a conocer en su informe, con una baja considerable de los principales delitos, la opinión que tienen los ciudadanos respecto de la procuración de justicia en la Ciudad de México tendría que ser otra; pero no es así, la gente no ha notado los esfuerzos que se han hecho para eficientar el sistema de procuración de justicia.

No se trata de trabajar para las encuestas o de trabajar para que la opinión de la gente cambie; se trata de trabajar en comunicar, en la obligación que tiene la autoridad de comunicar y de tener este vínculo y este contacto de la autoridad con la población para informarlos y para hacerlos y notificarles de los avances de los nuevos mecanismos de procuración de justicia, de las nuevas políticas y de los hallazgos que se han desarrollado desde el sistema de procuración de justicia en la ciudad.

Esta comunicación y la vivencia cotidiana de los ciudadanos de que las cosas están cambiando son las únicas maneras de que se perciban en realidad las formas como inciden las políticas públicas en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente.

Oficialmente las cifras delictivas que nos ofrece son las más bajas desde la época del último Regente de la Ciudad, pero existe y existirá siempre la duda de la llamada “cifra negra”, la cifra que todas estas personas que tienen de no ir a denunciar por temor o por desconfianza a la autoridad y no denuncian los delitos de los que son víctimas.

Por un lado existen encuestas que señalan que sólo 1 de cada 6.5 personas víctimas de un delito acuden a presentar la denuncia correspondiente, es una cifra muy alta porque entonces estaríamos hablando de que las estadísticas que encontramos en el informe muestran un considerable descenso con respecto a años y gobiernos anteriores pero no terminan de reflejar del todo la realidad de la incidencia delictiva.

Así, existe una enorme brecha entre las estadísticas oficiales y la realidad cotidiana, donde el ciudadano persiste en la idea de desconfiar y de no denunciar los crímenes. Con esto cada vez más ciudadanos se sienten inseguros y ven un aumento de la delincuencia y de los niveles de impunidad de la sociedad, lo que es lamentable porque los habitantes de la ciudad de México o de cualquier ciudad deberían sentirse protegidos por las instituciones encargadas de procurar su seguridad y su patrimonio y además también su vida. Lo cierto es que las cifras oficiales bajan mientras que las de otras encuestas suben.

Por otro lado, en el periodo Reforma, el día de ayer se publicó una nota que pone el dedo justo en este tema de la relación entre la autoridad y el ciudadano al que me estoy refiriendo. Una de cada dos personas que tienen contacto con la autoridad, sufre algún tipo de abuso de los servidores públicos, relacionados con la seguridad y la administración de justicia.

Seguramente usted tuvo acceso a esa información que nos da cuenta de las principales quejas de los ciudadanos que acuden ante una autoridad: abusos de parte de policías y de personal de las agencias del Ministerio Público que solicitan dinero a cambio de agilizar los trámites, es decir, corrupción, que según esta información provoca que no se alcancen mayores niveles de democracia, de gobernabilidad y de respeto de los derechos humanos de los habitantes de la ciudad.

Señor Procurador, es importante reconocer los esfuerzos que han realizado para atacar esta corrupción y lograr un cambio en la atención a los ciudadanos en los Ministerios Públicos; su modernización e incentivos, pero actualmente la necesidad es ir más adelante, porque esos esfuerzos parece que han dado frutos a corto plazo, pero la demanda es de una nación más contundente y más profunda que permita también que la percepción de los ciudadanos se transforme y se apegue más a la realidad en caso de que ésta sea, que sea mejorado el servicio o a disminuido la incidencia delictiva en la ciudad.

De alguna manera no han sido suficientes estos esfuerzos por el desmantelamiento del antiguo sistema de justicia, limpiar las procuraciones de policía, los viejos vicios, el siguiente paso tendría que ser transparentar la institución, depurar la atención de los Ministerios Públicos, ser más firmes en la desmantelación de la vieja corrupción, que todavía impera en muchos de los organismos de procuración de justicia de la administración capitalina.

Lo que necesitamos es una reorientación de toda la estrategia en contra del crimen y que desde dentro con el combate a la corrupción se sigan mejorando las condiciones de trabajo de los policías, de investigadores agentes, se aumente la eficiencia y la capacitación y se refuercen los mecanismos de control para eliminar los abusos contra las personas.

Desde fuera con el combate a la impunidad que afecta gravemente a la sociedad, con la construcción de una cultura de la legalidad urgente y necesaria y más allá con un cambio en la idea de concebir la política para la administración de la justicia, pues las reformas legales tendientes al aumento de las penas no solucionan en sí y de fondo el problema de la delincuencia, lo que falta de alguna manera son esfuerzos para garantizar que las estrategias que se dirigen hacia estas batallas sean ganadoras, que sean muy puntuales, que se trabajen más en delitos que son sensibles a la sociedad como el secuestro, la venta de las drogas, que aunque encuentran limitaciones también en cuanto a sus facultades, hay temas en donde parece que desde la trinchera que le corresponde a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, la batalla no está ganando.

Por otro lado, maestro Bátiz, existe un tema urgente por atender y que tiene que ver con el acceso a la justicia como un derecho humano que tiende a aliviar una de las expresiones más dramáticas de la pobreza, que es la pobreza legal, que es la pobreza de justicia, que afecta a amplios sectores de la ciudadanía, que les impide hacer uso material de la ley y de las instituciones, esta información de que en los hechos, quien tiene más dinero se hace más justicia y tenemos que ser capaces de que no se extienda esta correlación tan directa que existe entre el poder económico o el nivel de ingresos y la capacidad de hacernos justicia que tenemos como sociedad. La justicia tiene que ser para todos y no tiene que mediar en su procuración ningún tipo de bien económico.

Este derecho implica que no sólo se proporcione una asistencia judicial que garantice un debido proceso, sino que además se entregue un servicio formativo e informativo que permita adquirir el conocimiento jurídico necesario para comprender el alcance de los derechos de los ciudadanos.

El trabajo futuro debe ser también a desarrollar capacidades para transmitir este conocimiento jurídico a través de un lenguaje claro y asequible al grueso de la población, acceso asequible geográfica e ideológicamente, dar respuesta a las necesidades de justicia en forma integral, oportuna, eficiente y promover la participación, la capacidad de discernimiento jurídico de las personas y sobre todo el desarrollo de redes de confianza y de credibilidad que nos vinculen a los ciudadanos con las autoridades encargadas de procurar justicia en la ciudad.

En este punto quiero retomar información relevante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y tiene que ver con la procuración de justicia y la violación de los derechos humanos.

Como usted nos informa, la Procuraduría está impulsando programas y acciones en materia de protección a los derechos humanos en la procuración de justicia. Reconocemos avances especialmente sobre temas especializados como lo es la erradicación de la tortura o la discriminación. Sin embargo, maestro Bátiz, consideramos grave que los derechos humanos sean violados por las propias autoridades encargadas de la procuración de la justicia, éste es un problema añejo que requiere una atención mayor.

Su institución ha sido la autoridad más denunciada por la ciudadanía en esta materia y como le informó el Presidente de Comisión de Derechos Humanos, a pesar de las recomendaciones hacia su dependencia y de la realización de diversas acciones para incidir en la disminución de violaciones a derechos humanos los resultados no han sido todavía los que la sociedad espera.

Así tenemos que las principales violaciones de derechos humanos o los principales derechos humanos vulnerados son el derecho de las personas privadas de su libertad, el derecho a la seguridad jurídica y el derecho de la víctima a la persona ofendida, ésta última merece especial atención pues es quien sufre directamente a causa de que la delincuencia prospere y es quien sufre el daño directo en su persona o en su patrimonio, es quien experimenta temor por su vida o la de su familia, quien se siente vulnerable y a quien le provoca una enorme inseguridad y desconfianza tanto en términos individuales como sociales.

Maestro Bátiz, mientras la relación de la víctima con las autoridades sea de indiferencia, de negligencia, de desconfianza, de dilación administrativa, de extorsión, de negativa a la reparación del daño o al derecho de petición la ciudadanía desconfiará de las instituciones y de ahí la necesidad de reforzar acciones para que se cumpla con el respeto a los derechos de las víctimas y por supuesto con las funciones encomendadas a la Procuraduría en esta materia.

Aquí únicamente me permitiría reconocer que finalmente en julio de 2005 se haya constituido el Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, muy relevante, un esfuerzo impulsado desde la expedición del nuevo Código Penal en la pasada Legislatura, a fin de que se atienda a las víctimas u ofendidos con apoyos que atenúen el impacto a los delitos.

Finalmente me quiero referir a un tema que requeriría mayor atención y jerarquía dentro del sistema de procuración de justicia de la Ciudad de México, es el tema de la justicia ambiental. Mientras no exista el reconocimiento del interés simple y no sólo del interés jurídico de los ciudadanos, nunca podremos exigir el derecho que tenemos a un medio ambiente sano, el derecho a respirar aire limpio, el derecho a agua para todos y no tendremos herramientas los ciudadanos para denunciar y para hacernos justicia en materia ambiental, que es una de las materias de justicia o de injusticia que más padecen los ciudadanos de la capital de la República, con ello también el derecho a la salud y el derecho a otros derechos vinculados al tema ambiental en la Ciudad de México.

Con este tipo de esfuerzos el cumplimiento irrestricto de las facultades, de acciones coordinadas y el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento de la justicia ambiental como un tema urgente en la ciudad serán acciones que pudieran apuntalarse como caminos de solución que debe promover la Procuraduría en la Ciudad de México y que sin duda redituarán en la credibilidad, en la confianza y en el acercamiento de los ciudadanos hacia las instancias de procuración de justicia de esta nuestra Ciudad de México.

Muchas gracias por su atención.