Segundo periodo ordinario de sesiones. Segundo año de ejercicio

Posicionamiento de La Diputada Martha Delgado Durante la Comparecencia del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Maestro Álvarez Icaza Longoria, sea usted bienvenido a esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal; diputadas y diputados; distinguidos invitados que nos acompañan el día de hoy:

Vengo a hablar en esta Tribuna en nombre de los ciudadanos que sin partido buscamos un México civilizado, incluyente, justo, democrático y garante de los derechos de los ciudadanos; ciudadanos que con temor vemos que un derecho fundamental como es el de elegir a nuestros gobernantes se insiste en arrebatar; ciudadanos que con tristeza también vemos que la democracia mexicana vive tiempos aciagos en estos días en que nuestros derechos políticos ciudadanos son menospreciados.

Estamos ante la confusión, el atropello, el descobijo de instituciones y políticos que actúan por nosotros a nuestro nombre pero sin tomarnos en cuenta.

Estamos ante un escenario donde nuestros derechos políticos son violentados y no sabemos a qué institución recurrir y no sabemos a qué institución le corresponde atender estos agravios; porque hoy la ciudadanía está agraviada en su columna vertebral, su derecho político, aquél que permite constituirse como una real ciudadanía, es decir, el derecho político de elegir quién tiene que gobernar.

En julio de 2000 más de un millón y medio de ciudadanos votaron por Andrés Manuel López Obrador para Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

El jueves 7 de abril pasado, 360 diputados, más de 300 de ellos no electos por los ciudadanos del Distrito Federal, nulificaron en los hechos ese voto, ese derecho que es una de las primeras conquistas de la incipiente democracia de nuestra ciudad.

El desafuero del Jefe de Gobierno no solamente es un agravio mayúsculo e inmerecido para el Jefe de Gobierno; no solamente es un agravio para el Partido de la Revolución Democrática ni para sus partidarios; es un agravio para la ciudadanía en su conjunto y por razones diferentes.

Con la decisión tomada por la Cámara de Diputados se inicia un largo proceso para usurpar una decisión que debiera ser inalienable: el derecho de los ciudadanos de elegir quién tiene que gobernarnos.

Yo no voté por Andrés Manuel López Obrador; yo no sé si votaría por ese candidato si fuera candidato a la Presidencia de la República y quizá no lo voy a saber, porque el proceso que se inició –ninguno puede engañarse- apunta a su inhabilitación política como potencial candidato a la Presidencia. Ese es el agravio mayúsculo.

Estos son días tristes para la democracia. Sin duda para la ciudadanía porque se marca un quiebre entre las aspiraciones de una vida política civilizada, madura, con capacidad para gobernar en un contexto de pluralidades reconocidas y respetadas, con capacidad de convivir con lo diferente, con el otro, esas convivencias básicas.

Los alegatos con que se quieren cubrir ese hecho de legalidad, el manotazo político no pueden hoy disimular los verdaderos intereses ni lo podrán hacer tampoco mañana.

El desafuero del Jefe de Gobierno y su eventual inhabilitación política es una regresión autoritaria. Nacional e internacionalmente este hecho no puede ocultarse ni en el país ni a nivel internacional, mucho menos debajo de la fraseología que se está defendiendo arguyendo la defensa del Estado de Derecho y la legalidad. Ojalá que el Estado mexicano fuera garante cabal y confiable del Estado de derecho. Todos queremos eso. Si así fuera habríamos asistido previamente en el tiempo a juicios contra responsables de múltiples hechos ilícitos que hoy impunemente inclusive votan el desafuero en la Cámara de Diputados.

No son los únicos casos en los que la mano de la legalidad y el Estado de derecho han sido laxos, donde la ley se ha negociado, donde se ha perpetuado un sistema de impunidades que sigue presidiendo como un cáncer la vida pública del país. Lo menos que se puede decir es que cuando la justicia se vuelve selectiva no se llama justicia, sino persecución política.

Por ello reitero, compañeros, que el agravio que debe ocupar nuestra atención está principalmente dirigido al conjunto de los ciudadanos que creemos en un país de leyes, sí, por supuesto, pero para todos, no de leyes para ejecutarse solamente contra los enemigos políticos. Ciudadanos que creemos en el Estado de Derecho como un Estado de garantías que nos debe de incluir a todos los ciudadanos, no sólo a los que están congraciados con quienes detentan el poder y que la democracia es un régimen de convivencia, de pluralidades entre diferentes, donde el ciudadano es el sujeto elector, no un régimen donde de antemano se decide quién puede y quién no puede ser electo.
Estos sí son días tristes porque se marca el comienzo de una regresión autoritaria, con actores que están actuando con una enorme irresponsabilidad política, que nos están orillando a escenarios muy complejos y sin salidas propiamente políticas para resolver las encrucijadas políticas del país. Todo parece encaminarse hacia una democracia tutelada, hacia una camarilla de políticos profesionales con intereses que no son específicamente los intereses de los ciudadanos.

Los ciudadanos no queremos ser menospreciados en nuestros derechos; queremos canales para exigir una democracia y no que se negocie esa democracia, ni por unos ni por otros; somos los del Distrito Federal ciudadanos de primera, responsables de nuestras decisiones; no somos ignorantes ni buscamos salvadores que con la manipulación de las instituciones, del Estado de Derecho y de la legalidad hablan a nombre de una democracia que ignoran y que no practican en sus propios órdenes de gobierno y en sus propios poderes.

Lo cierto es que la ciudadanía no partidaria ante este despropósito tendrá algo que decir. Estoy segura de que vamos a encontrar caminos para que en la medida de nuestras posibilidades seamos un contrapeso que impida en algo estas ansias por precipitar al país a una confrontación.

Maestro Alvarez Icaza: Como usted lo menciona en su informe, el resguardo de los derechos humanos es la tarea por excelencia de la democracia moderna. Atentar contra estos derechos de cualquier forma, a través de cualquier mecanismo, atropella la dignidad humana y e fundamento mismo del Estado y pone en entredicho la gobernabilidad democrática que tantos años nos ha costado construir y por la que todavía no terminamos de transitar.

Estoy de acuerdo con usted cuando nos dice que se observa un clima de intolerancia creciente que tiende a poner en riesgo la paz, los derechos civiles y políticos e incluso sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Creo que este clima atenta contra nuestra calidad de vida, con nuestra toma de decisiones, pero sobre todo acrecienta nuestro sentimiento de frustración por no saber a quién acudir ante estos abusos del poder, por no saber cuál es la institución garante de estos derechos democráticos, políticos de los ciudadanos.

Por eso aprovecho esta comparecencia para exponer estos hechos de los que podemos estar nadie al margen, que nos obligan a preguntarnos cuál es la opción institucional y cuáles son los caminos adecuados ante esta inconformidad. Es un reclamo legítimo de la sociedad para el cual los políticos no parecen tener oídos.

Si bien conozco de antemano que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal debe permanecer al margen de cualquier posición política que comprometa su actuación, lo cierto es que urge en nuestro país y en nuestra ciudad un garante para defender a los ciudadanos de este tipo de abusos de poder y de la ley.

Los ciudadanos tenemos derecho democrático para decidir, evaluar y sopesar y de expresarnos a favor o en contra y tenemos la madurez para seleccionar quién queremos que nos gobierne; tenemos una mayoría de edad. Ojalá los legisladores y los gobernantes reconozcan esta mayoría de edad de los ciudadanos del Distrito Federal. Ojalá alguien haya pensado en una salida, en una puerta de salida que no sea falsa a este enorme conflicto en el que se está afrentando no solamente las fuerzas políticas que quieren disputarse el poder en el año 2006, sino también la vía democrática para que los ciudadanos seamos quienes elijamos a nuestro Presidente, nuestro Jefe de Gobierno y nuestros diputados, y para que nuestros diputados en el Distrito Federal sean quienes tomen las decisiones que a esta Ciudad le compete; nuestra Asamblea también está vulnerada. Es un Organo Legislativo con facultades muy acotadas para el nivel del compromiso que estamos asumiendo en esta Tribuna y en este pleno los diputados.

Creo que es una coyuntura importante también para luchar por los derechos de los diputados del Distrito Federal, que representamos a los ciudadanos del Distrito Federal y que representamos sus intereses.

Estoy segura de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene entre sus preocupaciones en el futuro como una Comisión que siempre está a la vanguardia del desarrollo de los derechos de los ciudadanos, la preocupación de cómo garantizar en el 2006 y en el futuro el derecho que tenemos los ciudadanos de escoger a nuestros gobernantes; un derecho que nos quiere ser conculcado y que desafortunadamente es una amenaza para la transición democrática no solamente de la Ciudad de México, sino del país.

Muchas gracias.