Primer periodo ordinario de sesiones. Tercer año de ejercicio

POSICIONAMIENTO DE LA DIP. MARTHA DELGADO DURANTE LA COMPARECENCIA DEL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ

Distinguido Jefe de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, sea usted bienvenido.

Distinguido Magistrado, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, doctor José Guadalupe Carrera Domínguez; distinguidos invitados todos, bienvenidos.

Uno de los grandes desafíos a resolver en la vida política de nuestro país, quizás el prioritario, radica en el escepticismo duro de la ciudadanía con respecto a lo que ocurre en el campo de los partidos políticos y del gobierno. Cualquier medición de opinión pública ofrece testimonio de la distancia a veces abismal entre la percepción de los políticos y de sus instituciones con respecto al sentir de los ciudadanos no involucrados en la política. Es este ciudadano, por mucho, el ciudadano que hace mayoría.

Esa distancia entre política y ciudadanía no puede cubrirse a base de spot, de propaganda electoral o de mercadotecnia política, es absolutamente imprescindible un replanteamiento de fondo del lugar desde donde los políticos dicen y hacen política.

Desde luego esto resulta muy fácil de decir pero singularmente difícil de hacer, y sin embargo para hacer política me parece el punto de partida legítimo y mucho más cuando se entrelaza con la dimensión democrática. En todo caso es desde ese lugar, el de la ciudadanía y el de la condición democrática, que desarrollo mi posicionamiento.
La vida institucional es el primer punto al que deseo referirme en esta oportunidad. Debe reconocerse que la relación entre la Asamblea Legislativa y el Gobierno del Distrito Federal no ha contado con la fluidez, la consistencia y la madurez que reclama la densa problemática que enfrenta la Ciudad de México.

No podemos encarar y resolver los problemas de nuestra ciudad desde un manejo del poder que privilegia la distancia y el encono entre los dos poderes por encima de las relaciones institucionales.

Por ello resulta saludable que el nuevo Jefe de Gobierno se haya reunido ya con los representantes de las fuerzas que actúan en la Asamblea para dialogar. Es precisamente esa vía institucional la que necesitamos desarrollar y profundizar más allá de los litigios partidistas.

La institucionalización también vale desde luego y en primer lugar para la propia Asamblea Legislativa. El sentido de nuestra acción no puede extraviar esa referencia primordial, son siempre entendibles los conflictos políticos interpartidarios o intrapartidarios, la política se sabe que se desenvuelve en ese ambiente de conflicto. Sin embargo, ello no puede convertirse en un freno para la realización de nuestra función como legisladores y mucho menos esos conflictos deben ser lo que reciban la atención primordial de nuestros diputados.

El único antídoto que la democracia inventó para que el conflicto político no se convierta en un obstáculo infranqueable, es la institucionalización democrática, que significa que los procesos institucionales y la institución misma deben estar por encima de los conflictos; las instituciones son el campo para desarrollar nuestras propuestas y no debemos pervertir su sentido y su razón de ser para convertirlas como motivo del conflicto mismo.

El respeto a la institución significa algo muy concreto, significa privilegiar sus procedimientos, sus tiempos, sus contenidos por encima de las diferencias del litigio y de los conflictos. Por eso me pronuncio de manera inequívoca e irrenunciable para defender una vida política institucionalizada en la Asamblea Legislativa.

El segundo punto importante de mencionar es el de la rendición de cuentas y la transparencia. Tantos años de transición democrática nos hicieron confundir la alternancia en el poder con el contenido sustantivo de la democracia. Desde luego acceder al poder por una vía de voto pulcro y legítimo es una condición para definir un gobierno democrático pero la democracia moderna no sólo se juega en los procesos electorales sino en el modo de gobernar también.

El discurso democrático ha ofrecido para ello dos exigencias que se complementan con la legitimidad electoral y que son la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio público, ambos se han constituido ya en el mundo democrático moderno como dos de sus emblemas irrenunciables; tanto la rendición de cuentas como la transparencia gubernativa fueron valores en constante asedio en la gestión que precedió al actual Jefe de Gobierno. Es todavía tiempo de recuperar ambos valores con la seriedad y con la coherencia que demanda la ciudadanía capitalina.

Un testimonio de lo anterior nos lo ofrece el tipo de relación y la forma como manejamos esa relación con los órganos autónomos del Distrito Federal; el Instituto Electoral del Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Procuraduría Ambiental, el Consejo de Información son organismos que tienen diversos fines, pero tienen en común que son instituciones que hacen de vehículo a la democracia, a la transparencia, a la rendición de cuentas y son instituciones a las cuales muchas veces recurren los ciudadanos como última instancia.

Los estilos personales de gobernar, deben tener como marco de referencia el respeto a las instituciones autónomas, no el debilitamiento de las instituciones autónomas; son instituciones que dan esperanza y que dan confianza a los ciudadanos. Los ciudadanos queremos que se fortalezcan y que se apoyen, no como ha ocurrido en muchas ocasiones que se marginen o que se bloqueen o que se limiten dependiendo de su comportamiento frente al Ejecutivo Local.

Los partidos y el Gobierno deben considerar a las instituciones neutras como garantía para la equidad y la justicia para todos y no como una amenaza. La vida republicana significa que los gobernantes le rindan cuentas a los ciudadanos; la rendición de cuentas significa que el quehacer gubernamental está en consonancia con aquellos que nos eligieron y que de acuerdo con los programas y promesas se actúa.

Por ello, la rendición de cuentas y la transparencia son un binomio inseparable que indica la calidad democrática de un gobierno. No podemos eludir, sin embargo, que no bastan elecciones limpias, no basta rendición de cuentas ni transparencia; la compleja sociedad en la que nos toca vivir, nos demanda capacidad de gobernación, es decir, capacidad para hacer realidad a través de las políticas públicas, racionales, los bienes de satisfacción pública para el bienestar de la sociedad. Sin esa capacidad directiva, los gobiernos pueden abonar a la propagación de la idea que cada vez es más común de que la democracia es un buen ideal, pero a través de ella se gobierna de manera ineficiente. Por eso las políticas públicas deben responder con racionalidad y eficiencia tanto a lo trascendente como a lo inmediato de los problemas de la ciudad.

¿De qué sirve un gobierno democrático que rinda cuentas, que es transparente, si no es capaz de dar seguridad, de abatir la delincuencia, de garantizar el acceso al agua para todos o por ejemplo de promover el empleo?

Este es el tercer asunto, la solución práctica de los problemas torales de los ciudadanos y no en el discurso acerca de los problemas de los ciudadanos, es en donde se establece la calificación definitiva de un gobierno; es aquí donde topamos con lo más duro de la situación en la Ciudad de México y desde luego a nivel nacional, no porque los temas sean necesariamente diferentes, sino porque el modo de emplazarlos es distinto.

A la gran preocupación ciudadana de seguridad seguimos respondiendo con estadísticas, pero la gente sigue teniendo miedo.

A la gran preocupación que tiene la ciudad, particularmente de la zona oriente, de carencia de agua y de escasez, respondemos con litigios presupuestales y arreglos menores.

A la gran preocupación que tenemos y a la evidente necesidad de transporte público, de recuperación de espacios para peatones, respondemos con obras viales que los excluyen del desarrollo vial de la ciudad.

A la necesidad de rescatar el suelo de conservación para la recarga del acuífero y la recuperación de la calidad del aire, lo que se responde es con tolerancia a las invasiones ilegales del patrimonio de todos.

Estamos hablando de cuestiones que son vitales en la vida de las personas: seguridad, agua, aire, convivencialidad en nuestra ciudad. Necesitamos alinear las políticas y los presupuestos públicos con las verdaderas necesidades de la ciudad, hacer coincidir jerárquicamente las prioridades y sobre todo construir y darle a conocer a todos un modelo de ciudad, el modelo de ciudad que estamos construyendo.

Entendemos que existen muchas iniciativas polémicas, sabemos que no todas las decisiones pueden votarse, todas y cada una de ellas y también sabemos y comprendemos que ante cada propuesta se generan visiones y posiciones a favor y en contra de la misma

La única manera de que las decisiones no se tomen por capricho, de manera aleatoria o a conveniencia de los distintos intereses que se manejan en la ciudad es conceptualizando y consensando en sus términos un modelo de ciudad compartido, en el que se inscriban las políticas, las inversiones y las decisiones, en el que independientemente de las vicisitudes políticas, electorales o partidistas existan acuerdos mínimos y la posibilidad de trabajar en conjunto para la ciudad y para los ciudadanos. Hoy la Ciudad de México carece de ese modelo, es difícil adivinar hacia dónde ve el desarrollo de la ciudad, si no es anticipable que hacia el caos, como ya lo vivimos en muchas partes.

Por ejemplo, urbanísticamente ni explícita ni implícitamente se sabe si le estamos apostando al automóvil particular o le estamos apostando a la intermodalidad del transporte; no sabemos si la ciudad optó por la densificación o por la dispersión, si estamos segregando socioespacialmente las familias pobres de las ricas, o si hemos decidido que la calle es para todos y que en los espacios públicos todos nos mezclamos democráticamente.

Nos preocupa la preponderancia que tiene el desarrollo urbano sobre una tímida política ambiental que no ha logrado defender nuestros recursos naturales, repensar de manera innovadora medidas para mejorar la calidad del aire, gestionar adecuadamente los residuos en la Ciudad de México, promover su minimización, su reciclaje, recuperar nuestros espacios públicos, evitar su invasión, garantizar la recarga del acuífero, abastecer de agua potable a todos los habitantes de nuestra ciudad.

En este último tema, el del agua, también nos preocupa la tendencia paulatina a la privatización del servicio. Los contratos de servicio a cuatro empresas privadas han sido convertidos en concesiones y prorrogados por el actual Gobierno de la Ciudad. En el mes de abril, además, el Sistema de Aguas cambió su condición de organismo autónomo a un órgano desconcentrado, sin autonomía financiera y patrimonio propio.

Nosotros creemos que debemos garantizar el acceso al agua a todos los habitantes de la ciudad como un derecho humano y que el Estado es el que debe responsabilizarse de eso, a través del fortalecimiento de un organismo público eficiente y autónomo. Esto es de las cosas que tienen que formar parte del modelo de ciudad que queremos, pero la gobernación como capacidad directiva de los gobiernos para proveer a la sociedad a una diversidad de bienes públicos requiere de una apertura de relaciones, requiere de gobernar la ciudad con participación ciudadana y con los ciudadanos.

Gobernar una ciudad no es responsabilidad y patrimonio exclusivo de un grupo gobernante ni tampoco de la clase política, es una de las mayores perversiones de nuestros sistema hoy, de nuestro medio considerar que el poder político es patrimonio para disfrute y usufructo de la clase política.

Para gobernar con todos los atributos que hoy exige la democracia, se requiere de la interacción con la ciudadanía, con la ciudadanía organizada en todas las formas diversas que ella ha creado.

En este punto de relación entre el gobierno y la ciudadanía, creo que tenemos un gran déficit. Las relaciones con la sociedad pueden ser nutridas, amplias, sistemáticas actualmente, pero siguen corriendo primordialmente por las vías clientelares y corporativas.

El ciudadano con voz y con criterio propio, las organizaciones sociales independientes son vistas con desconfianza, como si la autonomía ciudadana fuera sospechosa, pero no. La democracia y la gobernación de la sociedad sustentan parte de su viabilidad en una amplia, civilizada y generosa participación del ciudadano en la cosa pública; no la participación ciudadana como una coartada para legitimar las posiciones de los partidos o de los gobiernos ni para salir del paso con consultas mal convocadas, manipuladas que terminan siempre sin incorporar las opiniones de los afectados de las decisiones, sino aquélla que desde una posición de autonomía lograr dialogar y logra construir el conjunto de las leyes y de las prácticas, es una asignatura pendiente.

Finalmente, quisiera referirme al gobierno ante las elecciones. Considero que es un verdadero desafío gobernar en cualquier época, pero más en ésta porque los tiempos se adelantaron con excesiva anticipación, porque los dineros corren como quizás en ninguna otra democracia proporcionalmente hablando y porque hay una indistinción entre el funcionario y el candidato.

Aquí el reclamo ciudadano podría decirse que es unánime y es enérgico. La ciudadanía exige procesos electorales cuyo financiamiento sea radicalmente menor al actual.

Nos preocupa el desvío de recursos públicos hacia campañas; pero también nos preocupa el desvío de la atención de los funcionarios públicos hacia otras cosas que no son sus obligaciones.

Señor Jefe de Gobierno: Para concluir, permítame decirle que me da mucho gusto que usted no esté haciendo simplemente un gobierno de continuidad o de cierre, que esté aprovechando su oportunidad histórica para dejar una huella. En tan sólo mes y medio de gestión ya ha dialogado con el Ejecutivo Federal, con el Estado de México, ha lanzado los cabildos, planteado una propuesta de coordinación metropolitana, son cosas muy importantes. Quedan 14 meses de gobierno y para los ciudadanos estos 14 meses son muy importantes.

Esta ciudad es patrimonio de casi 10 millones de personas que queremos a los políticos y a los funcionarios trabajando para la ciudad y no arrebatándose la ciudad; es un tiempo preciso.

No queremos escuchar que las cosas no se hacen porque ya todo mundo está de salida. Es un tiempo preciso para dejar una diferencia; es un tiempo adecuado para plantear un nuevo modelo de ciudad, una ciudad limpia, una ciudad segura y humana, una ciudad para todos.

Muchas gracias.