Trabajo legislativo / Intervenciones en tribuna

Primer periodo de sesiones ordinarias. Primer año de ejercicio.

Razonamiento de la Dip. Martha Delgado Peralta en torno a la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Presupuesto y Cuenta Pública, sobre la iniciativa de ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores de 70 años residentes en el Distrito Federal.

11 de noviembre de 2003

Antecedentes:

La Ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores de 70 años residentes en el Distrito Federal, fue objeto de una larga discusión en el Pleno de la ALDF, una vez que fue aprobada por unanimidad en lo general, se procedió a discutir los artículos reservados por Diputados del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, y toda vez que se trataba de una Ley integrada por 5 artículos y un artículo Transitorio, mismos que fueron reservados, se inició el debate de cada una de las reservas y propuestas de los Diputados de las diversas fracciones parlamentarias.

Las propuestas y reservas se dirigieron, principalmente, en el sentido de extender el beneficio de pensión a los adultos mayores de 60 años, por una parte, y por la otra a incluir “candados” a la ley, consistentes en exigir una residencia mínima de 3 años en el DF para gozar del beneficio; incluir la obligación del GDF de entregar el padrón de beneficiarios a la ALDF cuando ésta lo solicite con la finalidad de dar transparencia a la utilización de los recursos, obligaciones consistentes en rendir un informe semestral de los avances programático presupuestales del otorgamiento de la pensión, el incremento en el número de beneficiarios, así como el padrón actualizado del mismo; incluir consideraciones presupuestales para hacer efectivo tal derecho y otorgar facultades a la ALDF para valuar anualmente la aplicación y desarrollo del programa.

Los razonamientos de la Dip. Martha Delgado Peralta versaron sobre el apoyo a la iniciativa de Ley, para razonar sobre el cumplimiento de la labor legislativa, así como para externar su opinión en torno a la propuesta de extender el beneficio a los adultos mayores de 60 años:

LA C. DIPUTADA MARTHA TERESA DELGADO PERALTA.- Buenas noches estimados compañeros legisladores y legisladoras:

He decidido hablar en contra de este punto también con la finalidad de comunicarles mi razonamiento y mi opinión alrededor de este tema.

Como diputada independiente y sin ningún interés partidista en específico, quiero decirles que apoyo absolutamente la iniciativa presentada para otorgar una pensión universal a los adultos mayores de 70 años. En principio me parece inadecuado pretender que reciban el apoyo los adultos mayores a partir de los 60 años. Hoy en nuestra Ciudad, ante el aumento de la esperanza de vida los ciudadanos de 60 a 70 años lo que necesitan es trabajo, no pensión universal y considero a las personas que tienen este rango de edad como personas que se encuentran en edad productiva y que debiéramos trabajar para ofrecerles oportunidades, son personas trabajadoras creativas, son personas que tienen experiencia en sus oficios, son personas profesionales, son personas que no tienen hijos, que tienen tiempo para invertir en sus trabajos.

Quizás lo que habría que cambiar es las otras leyes que dicen que estas personas necesitan un tipo de ayuda, como dicen en los medios, para viejitos. Creo que muchos de ustedes a lo mejor pueden ya estar cerca de esa edad y no considerarse así.

Por eso mi posición es distinta a la posición del PRI, a la posición del PAN y a la posición del Partido Verde Ecologista; pero también mi posición es distinta a mis colegas del Partido de la Revolución Democrática. Por eso me he reservado otros artículos y apoyo esas reservas de acuerdo con el mensaje que nos dirigió el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, el 17 de septiembre.

Lo que pretende esta ley es la permanencia del apoyo a los adultos mayores, que independientemente del partido que acceda al Gobierno en el Distrito Federal, los adultos mayores tengan garantizado este beneficio, y sin embargo en el texto de la iniciativa se está muy lejos de asegurar esto a los adultos mayores porque prácticamente se deja al Reglamento la definición del método y de todos los procedimientos para llevar a cabo esta garantía.

Yo les pregunto a mis colegas del Partido de la Revolución Democrática si genuinamente han reflexionado qué pasa si como dicen muchos de ustedes hoy en la Tribuna, llega la derecha, los conservadores o simplemente los otros al poder en el 2006. El mayor error que puede cometerse cuando se ejerce el poder es creer que se permanecerá en el poder para siempre.

Para cambiar la ley los otros necesitan tener 34 diputados en esta Asamblea Legislativa, para ganar el Distrito Federal necesita ganarse una campaña. La persona que en el futuro podrá modificar el Reglamento de esta ley y publicarlo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de un día para otro puede ser de otra opinión que no es igual a la que tenemos nosotros hoy aquí.

Este personaje en el futuro, llámese como se llame, de cualquier otro partido, puede decidir que la pensión universal tendrá que ser para beneficiarios que demuestren tener 3 años en la ciudad, que los que ya reciben otras pensiones ya no reciben esta pensión para adultos mayores, porque él cambia el Reglamento y lo pone inmediatamente; puede decir que se disminuye el monto de la pensión. En ese Reglamento hoy tal cual estamos aprobando esta ley se puede hacer eso de un día para otro.

No entiendo verdaderamente por qué no podemos cumplir como legisladores nuestra tarea legislativa hoy aquí. Por qué no aceptamos que 2, 5, 10 personas pensamos mejor que 2 ó 3. Por qué no aceptamos las opiniones de otros.

Tenemos la propuesta íntegra, no se le cambió ni una coma. Creo que eso es despreciar la iniciativa o las ideas que pueden tener otros legisladores. Estamos haciendo otra ley de 3 años, tendrá vigencia, que tendrá que modificar la IV Legislatura otra vez.

Estas fueron observaciones que su servidora presentó por escrito el 29 de octubre al diputado Juventino Rodríguez y que no fueron tomadas en cuenta, que no fueron discutidas en el seno de las Comisiones que dictaminaron la iniciativa.

Considero que levantar expectativas a los ciudadanos que tienen entre 60 y 70 años solamente para mejorar la oferta del PRD, me parece injusto para ellos. También me parece injusta la incertidumbre en que quedan los adultos mayores al no definirse en el cuerpo de la ley las condiciones en el que se les será garantizado el beneficio.

Esto, compañeros, creo que es esto de lo que los ciudadanos allá afuera están hartos. Hoy tenemos enfrente 3 años para pensar verdaderamente en estos ciudadanos como sujetos de nuestras propuestas.

Gracias a todos.

LA C. DIPUTADA MARTHA TERESA DELGADO PERALTA.- Solamente quiero fundamentar mi propuesta de por qué buscarle empleo a la gente entre 60 y 70 años.

Quizás el diputado Agundis no comprenda que el problema del desempleo está generalizado, así como también el de la pobreza. Si estamos buscando soluciones a la pobreza, podemos también buscar soluciones al empleo.

En lo personal he trabajado por muchos años con compañeros maestros jubilados que tienen 50 años de labor atrás, que tienen 60, 70, 80 años, y han sido espléndidos colaboradores de proyectos ambientalistas, de proyectos desarrollados en la sociedad civil, y con base en esta experiencia de trabajo en donde pudimos en algunos Estados de la República los grupos ambientalistas de la sociedad civil organizada ofrecerles empleo a maestros jubilados que habían cumplido con muchos años de labor y aprovechar su experiencia para enriquecer la tarea de nuestras causas, me atrevo a pensar que esta gente tiene todavía mucho que dar y que no es necesario darles una pensión.

El problema del desempleo, diputado Agundis, es un problema que también enfrentan no solamente las de 68, aunque usted no lo crea también los de 35, a lo mejor no son amigos de personajes, de diputados o de líderes de partido para tener un trabajo o a lo mejor son personas que tienen otro tipo de carreras u otro tipo de experiencias.

Considero que el problema no es buscar empleo ni para gente de 68 ni mucho menos para mujeres. Creo que el problema es de buscar oportunidades, de diseñar programas, y así como estamos diseñando una ley para apoyar un tipo de política que combata la pobreza, también deberíamos de estar buscando leyes y propuestas para buscar opciones para empleo, no nada más para los jóvenes, los adultos también necesitan empleo, también tienen necesidades, también tienen hijos y también merecen muchas oportunidades.

Gracias.

El dictamen fue aprobado por el Pleno.

 

Razonamiento de la Dip. Martha Delgado Peralta en torno a la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Administración Pública Local en relación a las iniciativas de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

16 de diciembre de 2003

Antecedentes:
El 7 de diciembre de 2001 se presentó la iniciativa durante la Segunda Legislatura de la ALDF, y en Mayo de 2002, después de un amplio debate que incluyó foros, consultas, revisiones y discusiones por parte de todas las fuerzas políticas, de académicos y de la opinión pública, fue publicada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal hizo valer una controversia constitucional contra actos de este Organo Legislativo, que fue resuelta por acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 14 de noviembre del año en curso, por el que se resolvió el recurso de reclamación derivado de la Controversia Constitucional citada.

El día 6 de noviembre de 2003, fueron presentadas dos iniciativas de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, presentadas por los diputados Obdulio Avila Mayo (PAN) y Alberto Trejo Villafuerte (PRD), cuyo dictamen fue sometido a la aprobación del Pleno de la ALDF el día 16 de diciembre de 2003.

El dictamen fue aprobado por el Pleno de la ALDF y contiene, entre otras modificaciones las siguientes:

	El Consejo de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es un órgano autónomo que tutela el derecho de Acceso a la Información, con facultades de revisión, revocación y para iniciar procedimientos administrativos a los funcionarios públicos que nieguen reiteradamente la información a los ciudadanos, es decir, se precisaron sus funciones y facultades, fortaleciendo al órgano responsable de la vigilancia y control de la ley. De esta manera, el Consejo de Información Pública puede revocar o modificar resoluciones de los entes públicos y obligarlos a entregar la información solicitada y podrá efectuar investigaciones cuando los entes públicos nieguen información pública así como emitir recomendaciones públicas.
	El Consejo de Acceso a la Información Pública del Distrito cuenta con recursos para poder desempeñar su función, de ahí que se aprobara que los consejeros ciudadanos perciban un emolumento diario de 46 salarios mínimos.
	Se garantizó la permanencia de las dos consejeras que fueron designadas por la anterior Legislatura y la Comisión de Administración Pública hará la convocatoria para elegir al tercer consejero. Una vez elegido el tercer consejero, la ALDF elegirá al Presidente del Consejo.
	Se obliga a los entes públicos a publicar la relación de sus bienes y su valor, siempre que estos superen 350 salarios mínimos.
	Se dará la publicidad a las resoluciones que emitan los entes públicos, que resuelvan conflictos de intereses o controversias mediante juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio y los ciudadanos involucrados en juicio contarán con la seguridad de que sus datos personales que obren en dichas resoluciones no sean publicados si no lo desea.
	Se considerará información confidencial la que se haya recopilado en materia de seguridad pública y prevención del delito, y también aquella que se esté generando al momento en que el particular hace la solicitud.
	Ya no será considerada como información reservada la correspondencia interna de los entes públicos, con ello se suprime la posibilidad de que los entes públicos llegaran a negar la información que llegare a solicitarse por el solo hecho de invocar tal hipótesis.
	Las resoluciones definitivas que los órganos de control emitan contra servidores públicos, las de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, las sentencias del Tribunal Electoral Superior de Justicia y Contencioso Administrativo deben ser públicas.

El razonamiento de la Diputada Martha Delgado fue en el sentido de expresar su voto a favor del dictamen, y en pro de hacer efectivo el acceso a la información pública:

LA C. DIPUTADA MARTHA TERESA DELGADO PERALTA.- Gracias, señora Presidenta. Compañeras diputadas y diputados:

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Distrito Federal ha sido resultado de un largo proceso, ahora a siete meses de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal aún la ciudadanía no se ha visto favorecida con su aplicación y pleno cumplimiento.

Las reformas que se plantean pretenden dar mayor certeza jurídica y a la vez permitir que esta ley garantice el efectivo ejercicio del acceso a la información a los ciudadanos.

Los diputados requerimos trabajar para dotar a los ciudadanos de leyes que permitan recobrar la confianza y la credibilidad de los habitantes del Distrito Federal en las instituciones públicas, no sólo con respecto al manejo de los recursos públicos sino también con respecto al desempeño de la función de los servidores públicos.

Sin duda alguna estas reformas van a mejorar la administración pública y pueden fomentar con mayor intensidad la participación ciudadana en la vida política, social y económica del Distrito Federal, pues en la medida en que existan reglas claras con respecto al acceso a la información pública, en la medida en que esta información pueda ser consultada por los ciudadanos y que ellos puedan hacer valer los mecanismos contenidos en la ley, para preguntar a la autoridad qué hace, por qué lo hace, cuándo lo hace y cómo lo hace, y en la medida en que los ciudadanos cuenten con certidumbre de que estas autoridades van a emitir una respuesta en tiempo y forma, en esa medida se podrán analizar y evaluar las diversas situaciones que requieren de una pronta y completa atención por parte del Gobierno del Distrito Federal.

El acceso a la información pública es el prerrequisito que los ciudadanos necesitamos para participar y para involucrarnos en el ejercicio del poder público en nuestra ciudad.
En este acto quisiera expresar mi voto a favor de estas reformas y exhortarlos, compañeros diputados y diputadas, para que sigamos trabajando en el tema del acceso a la información pública, para que reforcemos el órgano de supervisión de este derecho, con la finalidad de que sean los ciudadanos quienes intervengan en la vigilancia y en el cumplimiento de esta ley.

Debemos analizar el hecho de no convertir a la autoridad en juez y parte en las controversias de solicitud de acceso a la información, y no debemos olvidar que nuestra obligación es continuar proponiendo medidas que propicien condiciones legales que son necesarias para construir un sistema democrático más sólido, una democracia moderna y una democracia que esté consolidada y en la cual toda persona sea sujeta al derecho humano del acceso a la información y que este derecho no sea potestad ilimitada de los gobernantes; que el derecho a la información debe ejercerse bajo un esquema de deberes pero también de responsabilidades, y por ahora es nuestra responsabilidad dotar a los ciudadanos de los instrumentos necesarios para que se ejerzan libremente estos derechos de acceso.

A pesar de que en el Distrito Federal hoy contamos con una Ley de Acceso a la Información, quiero decirles que en otros países ya no debaten el acceso a la información, sino el derecho que los ciudadanos tenemos de saber cosas que afectan directamente nuestra calidad de vida.

Hoy, por ejemplo, en nuestro país, todavía un ciudadano no tiene derecho a saber qué respira, qué come o qué elementos que compra o que consume tienen un efecto negativo en su salud.

Se ha promovido durante muchos años el desarrollo de un registro de emisiones contaminantes en el país y, sin embargo, hoy, todavía no podemos consultar si la industria vecina de mi casa está emitiendo, descargando o desechando algún contaminante que pueda afectar a la salud mía, de mis hijos, de mis vecinos o de mis gobernados.

Tenemos que seguir fortaleciendo el acceso a la información para garantizar no solamente una vida democrática en la ciudad, sino darles a los ciudadanos, elementos a partir de los cuales podamos tomar decisiones, eso nos garantiza también el derecho a la información.

Diputados y diputadas: Creo que es imprescindible que en el tema del acceso a la información en el Distrito Federal vayamos a la vanguardia, estamos en este tema también rezagados con respecto a otras entidades federativas.

Si nos apreciamos de ser democráticos, debemos hacer efectivo este ejercicio del derecho a la información.

Hoy, los ciudadanos pueden pedir información de nuestras gestiones. Debemos garantizarnos que en el futuro nosotros podemos pedir información de las gestiones de otras autoridades. Resulta muy grave atrasar y bloquear este ejercicio. Con este tipo de retrasos solamente podremos tener un gobierno que puede ser muy ineficaz y también poco democrático.

Por ello, exhorto a esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a todos ustedes compañeros y compañeras, a no partidizar la elección del consejero ciudadano que falta en este Consejo de Acceso a la Información. Tampoco deberíamos permitir la partidización de la elección de los compañeros diputados o diputadas que nos irán a representar a esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal a ese Consejo. Escojamos, compañeros, aquellos que nos garanticen un perfil adecuado y que nos garanticen la independencia que se requiere para salvaguardar el derecho de los ciudadanos a obtener información que debe se pública.

Exhorto también a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea Legislativa para que reflexione detalladamente el monto asignado para el funcionamiento de este Consejo. Yo no recuerdo ningún caso en que un órgano autónomo como este haya nacido con tan pocas posibilidades de sobrevivir, un millón de pesos mensuales francamente es un recurso muy limitado para la responsabilidad y la tarea que deberá de enfrentar en su inicio este Consejo de Acceso a la Información.

Les agradezco mucho su atención a todos y todas.

El dictamen fue aprobado por el Pleno.

Reservas de la Dip. Martha Delgado Peralta en torno a la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública con el proyecto de Ley de Austeridad para el Gobierno del Distrito Federal

22 de diciembre de 2003

Antecedentes:

La Comisión al dictaminar la iniciativa de Ley de Austeridad presentada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, consideró que si “bien el óptimo manejo del presupuesto público es un requisito para un buen gobierno, también lo es que éste sólo se podrá lograr con la aplicación de medidas y acciones muy concretas que reflejen los valores que sustentan tales propósitos, esto es, por un lado la racionalidad en el gasto público que omita los gastos suntuosos, onerosos, excesivos o abusivos, sin descuidar la realización oportuna de las acciones de gobierno, pero también está la austeridad como práctica inherente del quehacer gubernativo, donde la sencillez y la moderación cobran una dimensión sin precedente, al permitir contar con recursos públicos suficientes para atender las necesidades sociales sin demérito del buen desempeño en el trabajo burocrático.”

Al razonar su voto, los Diputados integrantes de las fracciones parlamentarias del PRI y PAN expresaron que esta ley no genera precisiones y concreciones que hicieran mucho más eficiente la fiscalización del uso de los recursos, y aún más, no precisa las austeridades en las dependencias, tratándose de una ley que carece de relevancia y de impacto presupuestal, asimismo, se expresó que se trata de una austeridad mal entendida, puesto que la austeridad debe entenderse como una política pública, más no elevarse al rango de ley, por ello el resultado de la votación fue 33 votos a favor, 0 votos en contra y 22 abstenciones, incluyendo la de la Dip. Martha Delgado Peralta.

La Dip. Martha Delgado se reservó los artículos 5 y 7 de la Ley, relativos a los gastos de publicidad en televisión, radio y prensa por parte del GDF y a la autorización de un solo viaje al extranjero por dependencia, respectivamente, generándose el siguiente debate, que tuvo como resultado el rechazo de las propuestas realizadas por la Dip. Martha Delgado Peralta:

LA C. DIPUTADA MARTHA TERESA DELGADO PERALTA.- Buenos días a todos, compañeros y compañeras.

Toda vez que estamos hablando de políticas de austeridad, para que los recursos públicos que todos los ciudadanos y ciudadanas del Distrito Federal aportamos de nuestros impuestos puedan utilizarse de una mejor manera y los podamos invertir en programas que beneficien a la mayoría de los habitantes de nuestra ciudad, me permití reservarme y les propongo analizar el artículo 5° y el artículo 7° de la propuesta que nos hace llegar el Jefe de Gobierno.

El artículo 5° dice lo siguiente: “El gasto de publicidad en televisión, radio y prensa que lleve a cabo el gobierno central del Distrito Federal no podrá rebasar el 0.30% del total del Presupuesto de Egresos autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el decreto correspondiente”.

Creo que regular los gastos de publicidad en televisión, radio y prensa es una política correcta, toda vez que sobre todo los gastos de televisión resultan en ocasiones demasiados caros.

Muchas veces vemos en canales nacionales la propaganda de por ejemplo los gobernadores del Estado de México, del gobernador de Sinaloa y si caemos en la cuenta de que cada 20 segundos cuestan entre doscientos y cuatrocientos mil pesos de difusión en estos medios nacionales, podemos proponer que el gasto de publicidad en lo que respecta a televisión para la publicidad del Distrito Federal solamente se acote a televisión que tenga una difusión local. Esto nos permitiría tener una audiencia localizada en ciudadanos del Distrito Federal y no estar gastando el dinero de los impuestos de los ciudadanos para que conozca o sepa lo que estamos haciendo en el Distrito Federal los ciudadanos de Chiapas o de Sonora, que no tienen ningún beneficio de estos programas.

Esto también sería muy bueno, como dice la diputada Chavira, que se llevara a rango de ley nacional, pues muchas veces nos estamos encontrando con que gobernadores de los estados utilizan estos medios de difusión nacionales para difundir los proyectos que solamente interesan a sus localidades.

En este caso considero que así como los gastos de campaña, que son muy onerosos y solamente están ampliando las bolsas de las televisoras, son muy altos, considero que el Gobierno del Distrito Federal, y la propuesta es limite su publicidad de gastos de televisión a canales locales, los canales de la ciudad, en donde podamos tener más publicidad, más mensajes, pero dirigidos solamente a la población objeto de los mensajes, que somos los capitalinos.

En lo que se refiere al artículo 7º, que dice: “Sólo se podrá autorizar un viaje oficial anual al extranjero por dependencia”. Mi propuesta es que se derogue este artículo. Creo que el criterio para hacer viajes al extranjero no puede ser si es uno o son veinte, cada dependencia tiene funciones distintas. La Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal tiene unas atribuciones, la Secretaría de Transporte tiene otras y la de Educación tiene otras, y los viajes oficiales al extranjero dependen de las funciones de las dependencias y de las necesidades de comunicación y de representación del Gobierno del Distrito Federal.

Creo que muchas veces hay muchos viajes que se hacen y que no necesitarían hacerse, pero también hay omisiones y en muchas ocasiones nuestra ciudad no está presente en eventos de enorme relevancia en los que la Ciudad de México tendría mucho que aprender de experiencias internacionales, por lo cual aún cuando puedan revisarse y pasar por todo un procedimiento de autorización los viajes, que tengan criterios de austeridad y que podamos hacer que no sean objeto de solamente caprichos de los funcionarios, el poner en la ley que solamente se va a autorizar un viaje oficial anual al extranjero por dependencia, me parece que no tiene un criterio sólido para generalizarlo entre todas las dependencias de la administración pública del Distrito Federal.

Es cuanto, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Se le concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos a la diputada Guadalupe Chavira, para fijar la posición en contra de las artículos reservados, de las propuestas de la diputada Martha Delgado.

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Con el permiso de la Presidencia. Para referirme sobre el artículo 5 y el artículo 7.

El espíritu que tiene este artículo, sobre esto, nada más para abonar la información. El monto que se establece y en donde se utiliza es para la difusión de los programas que realiza el gobierno de la ciudad en materia de recaudación que son los programas que se difunden a través de lo que establece la Tesorería de la Ciudad de México, son para poder mejorar la meta recaudatoria, y están referidos solamente para ser difundidos en la zona metropolitana.

Sobre el costo de las tan citadas conferencias mañaneras, yo quiero decirle que estas conferencias no tienen ningún costo para el gobierno de la ciudad, es un estilo de dar a informar el Jefe de Gobierno sobre lo que acontece en la ciudad, pero eso va a cuenta de las televisoras privadas, no sabemos en cuánto ajusta su presupuesto Televisa o TV Azteca o todas las televisoras para difundir las conferencia del Jefe de Gobierno, o en este caso la prensa, sabemos que no invierten en este sentido ningún recurso; solamente en lo que se refiere al porcentaje, este porcentaje se destina para difundir los programas que el gobierno de la ciudad desarrolla.

En lo que se refiere al artículo 7º que es con respecto a los viajes al extranjero por dependencia, están justificados, hay algunas áreas que no tienen razón de ser. El asunto era buscar el equilibrio, hubo épocas donde teníamos gobernantes que se la pasaban viajando, hubo épocas para la ciudad. Para no entrar al detalle al asunto del Gobierno Federal, porque eso está muy registrado en la prensa y en la televisión de cuántos viajes se hacen de la pareja presidencial a otros países; pero creo que la justificación de este artículo 7º es para equilibrar y además para justificar efectivamente la erogación de estos recursos en las salidas de viajes a otros países, siempre y cuando sean materia de las Secretarías que tengan competencia para hacerlo.

Es cuanto, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Chavira.

Me ha solicitado el uso de la tribuna para hablar a favor de las modificaciones por ella presentadas, la diputada Martha Delgado. Tiene el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos para hablar a favor de sus propuestas.

LA C. DIPUTADA MARTHA TERESA DELGADO PERALTA.- Muchas gracias, señora Presidenta.

En la propuesta de modificación al artículo 5º, nunca hago referencia a las conferencias de prensa, porque la publicidad que se deriva de conferencias de prensa no es publicidad pagada. A lo único que hago referencia es a la publicidad oficial que hace el Gobierno del Distrito Federal pagando los tiempos de televisión, como comerciales. En este sentido la única propuesta que hago es que los tiempos por ley, ya que estamos regulando, ya que estamos haciendo una propuesta de austeridad, por ley el gasto de publicidad en televisión que haga el gobierno central del Distrito Federal solamente pueda ser en canales de difusión en la zona metropolitana, para así ahorrar dinero, no estarnos anunciando en otros estados y poder darle más mensajes a la gente local y menos mensajes a otros estados fuera de la República; es acotar los canales a donde el Gobierno del Distrito Federal puede comprar publicidad, difusión de las obras y de los servicios que el Gobierno del Distrito Federal está realizando.

En lo que se refiere al artículo 7°, con todo respeto a mi compañera diputada Guadalupe Chavira, yo creo que este artículo de ninguna manera busca el equilibrio ni justifica nada. Yo creo que un viaje oficial anual, no es un equilibrio, esto es negarle a la Secretarías de Estado en el Distrito Federal, la posibilidad de salir al extranjero; un viaje al extranjero por dependencia es casi el equivalente a nada. Más bien lo que nos gustaría ver a algunos ciudadanos es cuáles son estos viajes, por qué se justifican, el número no es importante, muchas veces somos mucho más ineficientes por no ir a buscar oportunidades fuera, por no atender los compromisos de una ciudad moderna que necesita analizar.

Voy a ser muy específica: un viaje oficial anual al extranjero por dependencia a la Secretaría del Medio Ambiente, es como no darle nada. La Secretaría lleva a cabo por ejemplo acciones para combatir el cambio climático global, lleva un programa ambicioso para promover los corredores estratégicos de transporte y todos estos temas solamente en el área ambiental en la Ciudad, están siendo analizados y están siendo discutidos en foros internacionales. No estoy a favor que los funcionarios vayan y gasten y vayan 8 funcionarios a un evento internacional, eso me parece que ha sido una mala práctica, sin embargo este artículo realmente creo que dejaría muy limitadas a muchas secretarías.

Por lo demás, hay otras dependencias de la administración pública del Gobierno del Distrito Federal que a lo mejor ni siquiera necesitan un viaje oficial anual, porque no tienen nada que ir a hacer al extranjero.

Mi propuesta de derogar este artículo es para que el propio gobierno central decida quién tiene que ir y a dónde y no sea uno y a fuerza por dependencia. No encuentro un criterio razonable que nos diga que buscar un viaje oficial anual al extranjero por dependencia sea para buscar este equilibrio; equilibrio es poner en la balanza las cosas y lograr un balance, no es poner todo lo que teníamos del otro lado que eran viajes al extranjero de 20 gentes por 15 días, quitarlo y ponerlo del otro lado, nadie sale a ningún lado para hacer nada.

Esa es mi reflexión respecto del artículo 7°.

Gracias, señora Presidenta.

Las propuestas fueron rechazadas y el dictamen fue aprobado por el Pleno.

 

Reservas de la Dip. Martha Delgado Peralta en torno a la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Notariado, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Ley Ambiental del Distrito Federal, Ley de Aguas del Distrito Federal, Ley de Vivienda del Distrito Federal y Ley del Notariado para Distrito Federal

26 de diciembre de 2003

Antecedentes:

De conformidad con el dictamen de la iniciativa remitida por el JGDF el día 27 de noviembre de 2003, las reformas planteadas tienen como finalidad perfeccionar el marco normativo y los mecanismo de aplicación, reducir los tramos de gestión, simplificar trámites y procedimientos y restaurar la confianza entre el gobierno y la ciudadanía, conteniendo, entre otras, las siguientes modificaciones:

	Se establece el desarrollo de un sistema de información geográfica que sistematice la normativa y las disposiciones de los programas de desarrollo urbano a partir de una base cartográfica única para ofrecer a la ciudadanía una herramienta informática, accesible y transparente en lo que corresponda a la zonificación, con lo que se hace publica la información en materia de usos de suelo en la ciudad.
	Reducción de gestorías y de los costos asociados a la tramitación de los procesos constructivos
	Se precisa la figura del Director Responsable de Obra y de los corresponsables como coadyuvantes de la autoridad para vigilar todos los aspectos de los proyectos y las obras en las que otorguen su responsiva.
	Se define la responsabilidad del perito de desarrollo urbano a fin de que coadyuve a la autoridad en la elaboración, aplicación y seguimiento de los instrumentos de fomento y regulación para el ordenamiento territorial.
	Elaboración y actualización de los catálogos de inmuebles y áreas patrimoniales con el propósito de reforzar la política de protección, conservación y consolidación del patrimonio cultural arquitectónico de la ciudad.
	Integración de un solo órgano colegiado de asesoría y consulta, concebido como Consejo Asesor de Desarrollo Urbano y Vivienda.
	Facultades de verificación e imposición de sanciones a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en los proyectos y desarrollos que requieran dictamen de impacto urbano ambiental, con el fin de garantizar la sustentabilidad del territorio.

Al ponerse en discusión el dictamen, la Dip. Martha Delgado Peralta se reservó los artículos 7, 11 y 77, con la finalidad de proponer al Pleno de la ALDF modificaciones referentes a las figuras de impacto urbano, impacto urbano ambiental y respecto al Consejo Asesor de Desarrollo Urbano y Vivienda, por lo que fundamentó sus reservas de la siguiente manera:

LA C. DIPUTADA MARTHA TERESA DELGADO PERALTA.- Muchas gracias, señora Presidenta.

En virtud de que la propuesta de modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano incorpora una tercera figura de dictamen de impacto urbano ambiental, la primera propuesta es modificar el artículo 7° en su fracción XXIII para añadir una definición de impacto urbano ambiental.

La definición que proponemos es la siguiente: Impacto urbano ambiental: es la influencia o alteración causada por alguna obra pública o privada que por su funcionamiento, forma o magnitud rebase las capacidades de la infraestructura o de los servicios públicos del área o zona en donde se pretende ubicar, afecte negativamente el espacio urbano o el medio ambiente, la imagen o el paisaje urbano, o la estructura socioeconómica, o signifique un riesgo para la salud, el ambiente, la vida o los bienes de la comunidad. Esta definición le daría congruencia a las demás modificaciones que se han planteado a esta Ley de Desarrollo Urbano.

En lo que se refiere al artículo 11 la propuesta es modificar la fracción XXIII para que quede como sigue: “Entre las funciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda estará la de revisar y dictaminar los estudios de impacto urbano e integrar en un solo documento los dictámenes de impacto urbano y de impacto ambiental en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y otras dependencias”, y sigue el texto como aparece en el dictamen.

Esta propuesta se hace en virtud de que el estudio de impacto urbano se regula en la Ley de Desarrollo Urbano y el estudio de impacto ambiental se regula en la Ley de Medio Ambiente y en este artículo 11 se otorga a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la facultad de revisar y dictaminar los estudios primero de impacto urbano y después de integrar en un solo documento los dictámenes que se deriven de los análisis, primero de desarrollo urbano y, segundo de medio ambiente en un solo documento.

La tercera propuesta que les quiero plantear, compañeros diputados y diputadas, se refiere al artículo 77. En el artículo 77 se establece que habrá un Consejo Asesor de Desarrollo Urbano y Vivienda y se define a este organismo como un organismo permanente de participación social, que asesora en la emisión de estudios, propuestas de opiniones, consultas de análisis en materia de desarrollo urbano y vivienda para su impulso, fomento, desarrollo y mejoramiento, el cual estará integrado de la siguiente forma:

En la propuesta que se presenta en el dictamen este Consejo Asesor de Desarrollo Urbano y Vivienda se integra por el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, por los presidentes de las Comisiones de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda de la Asamblea, por dos consejeros de cada una de las Comisiones de Desarrollo e Infraestructura Urbana, de Vivienda, de Desarrollo Metropolitano, de Desarrollo Rural y de Población y Desarrollo de esta Asamblea Legislativa, un consejero por cada uno de los colegios de profesionistas y de las instituciones de educación superior, a invitación de la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

En la fracción V dice: Los organismos de los sectores social y privado podrán participar a invitación del Consejo o de alguna de sus comisiones. Y en la sexta dice: Representantes de las dependencias y entidades de la administración pública local, municipios conurbados, gobiernos estatales, así como de las dependencias y entidades del Gobierno Federal que invite la Secretaría.

Yo considero que en la medida en que se define que este organismo permanente es de participación social, la integración del Consejo en comento no corresponde a este carácter de participación social y de organismo permanente de participación social que se pretende en el artículo 77. La integración de este Consejo está concebida particularmente por funcionarios y por legisladores, la participación de la sociedad, los organismos de los sectores social y privado, como dice aquí, dice que podrán participar a invitación del Consejo o de algunas de sus comisiones sobre asuntos específicos, es decir, la única parte de este Consejo que está acotada a ser invitado por el Consejo o por alguna de sus comisiones es precisamente la que corresponde a entidades de participación ciudadana o privada.

Por lo que propongo que en el artículo 77 no se ponga que este organismo es de participación social, porque puesto que está muy lejos de serlo, esta estructura de funcionarios públicos y de asambleístas, de diputados, no es una estructura de participación social.

Por ello yo les propongo que el artículo 77 solamente diga como sigue: El Consejo Asesor de Desarrollo Urbano y Vivienda, es un organismo permanente de asesoría en la emisión de estudios, propuestas, opiniones y consultas, y que se continúe con el texto.

Lo anterior en virtud de no desvirtuar el carácter de participación social que tienen que tener algunos consejos y el concepto de lo que es la participación social. La participación social compañeros, tiene que estar abierta a los ciudadanos, a las organizaciones de la sociedad civil, es más de índole cívica que de índole gubernamental, es más de organizaciones civiles que de instituciones gubernamentales. No es mi interés que el Consejo sea integrado por organizaciones sociales, pero que no se diga que es un organismo de participación social cuando en su contenido solamente se está incorporando academia, legisladores, funcionarios públicos de otros municipios de estos, y en su caso y a veces organismos de los sectores social y privado.

Es cuanto, señora Presidenta.

La primera propuesta de definición del impacto urbano ambiental fue aprobada por el Pleno.

Respecto a la propuesta relativa al Consejo Asesor fue rechazada por el Pleno.

Reservas de la Dip. Martha Delgado Peralta en torno a la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de Ley que establece del derecho a contar con una beca para los jóvenes residentes en el Distrito Federal que estudien en los planteles de educación media superior y superior del Gobierno del Distrito Federal

30 de diciembre de 2003

Antecedentes:

La Comisión de Desarrollo Social resolvió aprobar la iniciativa de ley que establece el derecho a contar con una beca para los jóvenes residentes en el Distrito Federal que estudien en los planteles de educación media superior y superior del Gobierno del Distrito Federal, fundamentando el dictamen en el sentido de reconocer que la profunda desigualdad social, las insuficientes oportunidades de acceso a la educación, han limitado la posibilidad de construir una ciudad más justa y próspera.

Por otra parte, se indicó que el GDF requiere de la formulación de políticas sociales y educativas para avanzar hacia un sistema educativo amplio, equitativo, flexible, dinámico, articulado y diversificado, y que para lograr la igualdad de oportunidades, el acceso al sistema educativo y la permanencia de los estudiantes en el mismo, la generación de alternativas como la beca para estudiantes aseguraría una educación de calidad.

Al abrirse el debate sobre el dictamen, la fracción parlamentaria del PAN expresó no estar en contra del fondo de este dictamen, sin embargo, la fracción parlamentaria habría de abstenerse de votar el mismo, pues indicaron que en el momento de someter a votación el dictamen al interior de la Comisión no se contaba con el quórum requerido por la ley para que procediera tal aprobación.

Mientras que el Partido Verde Ecologista, promotor de esta iniciativa, manifestó su beneplácito por subir a tribuna a dar fe de que habían cumplido con el electorado.

Es importante indicar que el beneficio de esta Ley quedó limitado por un artículo transitorio, que establece que para el año 2004 el beneficio dependerá da la suficiencia presupuestal, razón por la cual durante el presente año el beneficio incluido en la ley aprobada no surtirá efectos.

Por su parte, la Dip. Martha Delgado se reservó dos artículos del dictamen, con la intención de corregir las imprecisiones del mismo, pues por una parte no se contenía señalamiento expreso de que el beneficio sería el equivalente a por lo menos medio salario mínimo “mensual” vigente en el DF, por lo que se entendería que el beneficio equivaldría a medio salario mínimo diario, es decir, de alrededor de 20 pesos por beca, y por la otra parte, se señalaba en el artículo 4° que las autoridades deberían de revisar, previo otorgamiento de la beca, la “educación” necesaria en un plazo no mayor de 30 días.

Las reservas y propuestas de la Dip. Martha Delgado fueron aprobadas por el Pleno de la ALDF incluyéndose en la Ley aprobada:

LA C. DIPUTADA MARTHA TERESA DELGADO PERALTA.- Gracias, señor Presidente.

Compañeros y compañeras diputados y diputadas:

No sé si estamos aquí en una carrera para ver quién hace más leyes o quién le da más dinero a más gente y quién dictamina más rápido más iniciativas. Lo que sí es que en lo que me da el tiempo vida para revisar todo lo que nos llega de dictámenes, no hay vez que no me encuentre con bastantes incongruencias y comentarios a lo que estamos haciendo; quizá se deba por la prisa que tenemos o quizá se deba a que no estamos teniendo cuidado en lo que estamos aprobando.

El dictamen que aprobamos en lo general tiene en su artículo 1º el siguiente texto: Los jóvenes residentes en el Distrito Federal que estudien en los planteles de educación media superior y superior del Gobierno del Distrito Federal tendrán derecho a recibir de parte de estas instituciones una beca no menor a medio salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Les estamos aprobando 20 pesos; el salario mínimo es de 40, y nunca dice semanal, mensual, diario, no aparece ningún plazo ni en ese artículo ni en ningún otro.

La propuesta, señores y señoras, es que le pongamos por lo menos la palabra mensual, para que entonces sirva de algo la beca y el esfuerzo que están haciendo los que están proponiendo esta ley, además de cumplir con sus compromisos de campaña.

Quisiera que se votara esto en lo particular y posteriormente comentar el siguiente artículo que me he reservado.

Gracias, señor Presidente.

LA C. DIPUTADA MARTHA TERESA DELGADO PERALTA.- Gracias, señor Presidente.

En cuanto al 2° artículo, he de referirme a su último párrafo que establece que: “Las autoridades en los planteles de educación media superior y superior, deberán revisar, previo otorgamiento de la beca la educación necesaria en un plazo no mayor de 30 días hábiles”.

La propuesta es que se sustituya la palabra “educación” por la palabra “documentación” para quedar como sigue:

Las autoridades en los planteles de educación media superior y superior, deberán revisar previo otorgamiento de la beca la documentación necesaria en un plazo no mayor de 30 días hábiles.

Gracias, señor Presidente.

Las propuestas de la Diputada Martha Delgado fueron aprobadas por el Pleno.

 

Reservas de la Dip. Martha Delgado Peralta en torno a la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica, con proyecto de decreto que reforma el nuevo Código Penal para el Distrito Federal en materia de delitos ambientales

30 de diciembre de 2003

Antecedentes:

La iniciativa de reformas al Nuevo Código Penal, tuvo como principal objetivo agrupar en un título específico los delitos contra al ambiente, delitos contra la gestión ambiental y las disposiciones comunes a tales delitos.

Así, se incluye dentro de las reformas, el despojo que atenta contra los recursos naturales, conductas que afectan el suelo de conservación y otras superficies con recursos naturales, se establecen diversos supuestos en los que se aumenta la pena por considerar que se trata de hechos con impactos más severos a los recursos que se pretenden proteger, se amplía el tipo penal a las áreas de valor ambiental, áreas verdes en suelo urbano y barrancas, se dota de elementos adicionales que permitan a la autoridad judicial acreditar el objeto material, remitiéndolo al Programa General de Reordenamiento Ecológico, se conservan las conductas de extracción de cubierta vegetal, incendiar, derribar, talar u ocasionar la muerte de árboles; emitir gases o partículas a la atmósfera, descargar, infiltrar o depositar contaminantes y generar emisiones de energía, pero se retoma su redacción a fin de dar mayor protección al ambiente, se clasifican como delitos de peligro y se agravan, ya sea porque se cometen en zonas prioritarias de conservación o por la cantidad de recursos naturales afectados, agravantes que se obtuvieron a través de parámetros que permiten considerar que el daño ambiental generado es mayor y escasa o nula la posibilidad de restaurar o compensar los mismos.

Se conservan las conductas de realizar el cambio provisional de aditamentos o equipos de vehículos automotores y la alteración u operación en forma indebida de los equipos de cómputo utilizados para la verificación vehicular, se adicionan conductas tales como el realizar actividades riesgosas, generar y manejar o disponer residuos sólidos o industriales no peligrosos, conductas que se prevén como de peligro y se adiciona la conducta típica consistente en la venta ilícita de documentos que acrediten la aprobación de la verificación vehicular.

Al someterse a discusión el dictamen, la Dip. Martha Delgado se reservó el artículo 348, razonando su voto en el sentido de no aprobar normas declarativas, pues tratándose el Código Penal de un instrumento que establece conductas y sanciones, no resulta procedente establecer en el Código Penal una conducta sin sanción, y aún más definirla inadecuadamente.

Lo anterior dio origen al debate con el razonamiento del voto por parte de Diputados integrantes de la ALDF, tanto en contra como a favor de la propuesta de la Dip. Martha Delgado Peralta, y a una rectificación del sentido del voto por parte de la fracción parlamentaria del PRD para aceptar la propuesta señalada, por lo que la misma fue aprobada por el Pleno de la ALDF:

LA C. DIPUTADA MARTHA TERESA DELGADO PERALTA.- Muchas gracias, señora Presidenta.

Compañeras diputadas y diputados: Me he permitido reservarme el artículo 348 toda vez que en nuestra reunión no fue aceptado. Voy a proceder a hacer el razonamiento.

Quiero hacer un reconocimiento a los titulares de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica con quienes hicimos este dictamen y quienes permitieron y aceptaron muchas modificaciones propuestas por esta diputación.

En relación con la reserva al artículo 348 que señala lo siguiente: Ecocidio es la conducta consistente en causar un daño al ambiente, por la emisión de contaminantes, la realización de actividades riesgosas o la afectación de los recursos naturales.

En primer lugar, diputados, la parte especial del Código Penal establece los delitos, es decir las conductas típicas, antijurídicas, culpables y punibles y señalar que el ecocidio es la conducta consistente en causar daño al ambiente no lo convierte en un delito porque carece de punibilidad.

Por otra parte, este artículo 348 que define lo que es el ecocidio, es el único artículo de toda la modificación y de todo el Código Penal que se refiere al ecocidio y que además carece de punibilidad. Los artículos que se están reformando en materia de delitos ambientales no se encuentran definidos como ecocidio en ninguna parte de la propuesta; por lo que no tiene sentido aprobar un solo artículo que ni siquiera se relaciona con otros artículos y sin ningún artículo de los delitos en contra del ambiente y de la gestión ambiental contiene la palabra ecocidio, si no se pone ninguna pena por ser ecocida, qué sentido tiene que definamos tal palabra.

Por eso, mi propuesta que les hago es eliminar ese artículo y recorrer los artículos siguientes del dictamen.

Esta propuesta, señores diputados y diputadas, no afectaría las reformas que hemos aprobado en el dictamen y al contrario de permanecer este artículo con un enunciado, podría ocasionar serias confusiones.

En el momento en que un Ministerio Público se encargue de ejercitar la acción penal y en su acusación acuse al infractor de ecocida, en la medida en que este delito no tiene ninguna sanción, el ecocida no tendrá tampoco ninguna pena qué cumplir; por un lado.

Por otro lado, señores, compañeros, les anuncio que de aprobar este artículo 348, todos los aquí presentes nos convertimos en ecocidas en el instante siguiente, dado que es la conducta consistente en causar un daño al ambiente por la emisión de contaminantes, el que haya llegado aquí en automóvil o camión es ecocida, la realización de actividades riesgosas, toda aquél que realice alguna actividad riesgosa, aunque esta actividad no haya tenido ninguna afectación negativa para la población o para el ambiente ya es un ecocida o la afectación de recursos naturales, que nos encontramos afectando de manera permanente todos los habitantes de la ciudad, seremos todos unos ecocidas.

Finalmente, el último razonamiento que quiero hacer es que si bien resulta muy atractivo poder determinar que el ecocidio es esa conducta, generalmente en otros países, en otros Estados cuando se ha establecido este tipo de delitos, a los únicos a los que se les empieza a llamar ecocidas son a la gente que hace pequeños delitos y a las grandes industrias jamás se les llama ecocidas.

Por lo que por estas tres razones, creo que muy poderosas, les propongo eliminar este artículo y recorrer los artículos siguientes del dictamen.

Les agradezco su atención y su paciencia.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Martha Delgado.

Está a discusión la propuesta de modificación. Se abre el registro de oradores.

¿Oradores en contra?

Diputado Alfredo Hernández Raigosa.

¿Oradores a favor?

Tiene el uso de la Tribuna para hablar en contra de la propuesta presentada por la diputada Martha Delgado, el diputado Alfredo Hernández Raigosa.

EL C. DIPUTADO ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA.- Muchas gracias, Presidenta.

Quiero señalar que esta discusión la derivamos ya en la Comisión y hay que reconocer que es una discusión que nuestra fracción parlamentaria decidió mantener, desde mi apreciación, este concepto en el artículo 348 derivado de varias consultas que además hicimos.

Nosotros preguntábamos desde la Comisión, si las conductas que están ya tipificadas en este dictamen, eran ecocidio o no eran ecocidio y la conclusión fue que sí eran ecocidio, desde la tala, el arrojar residuos de la construcción, la emisión de gases, de líquidos, este convencimiento de reconocer en la Comisión por parte de algunos compañeros que sí se entendía como tal, nos convenció de que el ecocidio es una conducta que agrupa los tipos penales que se han establecido en el presente dictamen.

En tal virtud, me parece que es acertado establecer en este dictamen y mantener este artículo como elemento rector de la articulación general de los tipos penales que se derivan de este dictamen.

Por ello sostenemos nuestra postura de que es procedente hasta para lanzar un conjunto de mensajes de que estos delitos se han tipificado, renovado, revisado hacia la sociedad, donde la propia definición del concepto nos manifiesta que es una conducta consistente en causar un daño al ambiente por la emisión de contaminantes, la realización de actividades riesgosas o la afectación de recursos naturales, y que desprendido de esto, se entiende que las demás conductas ya tipificadas en la articulación, se derivan de este concepto general que sostenemos como ecocidio.

Por esa razón, consideramos que es encomiable la postura de la diputada Martha Delgado, pero me parece que el artículo es necesario en este dictamen para efectos de darle certeza, darle claridad a los demás tipos penales establecidos en este dictamen.

Por ello el de la voz reconoce y acepta como parte del dictamen el presente artículo y por ello rechazamos y rechazamos en lo particular esta propuesta de la diputada Martha Delgado, haciendo la precisión de que en el conjunto del dictamen fueron retomadas un conjunto de observaciones que eran puntuales y eran acertadas en lo previsto.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado Hernández Raigosa.

El C. DIPUTADO OBDULIO AVILA MAYO (desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Obdulio Avila, ¿con qué objeto?

El C. DIPUTADO OBDULIO AVILA MAYO (desde su curul).- Sí, diputada, para hablar en pro de la reserva.

LA C. PRESIDENTA.- Tiene usted el uso de la palabra para hablar a favor de la propuesta de modificación presentada por la diputada Martha Delgado, hasta por 10 minutos diputado Avila Mayo.

El C. DIPUTADO OBDULIO AVILA MAYO.- Con su venia diputada Presidenta.

Decía el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, el diputado Alfredo Hernández Raigosa, que esto que se discute del 348 era un concepto y señalaba también que la tala, que la emisión son ecocidios. En eso estamos completamente de acuerdo. Sin embargo ésta es la especie, el género ecocidio tal como está redactado incluye mucho más conductas que estas que ha señalado el diputado Alfredo Hernández Raigosa. Por eso consideramos que es una redacción inadecuada.

Señalaba también el diputado Alfredo Hernández Raigosa que con esto se manda un mensaje. Sin embargo, una declaración de principios, un mensaje debe contenerse en todo caso en la exposición de motivos o en la parte considerativa del dictamen y no en el Código Penal.

El Código en función sustantiva es establecer penas, establecer sanciones que con ello inhiban ciertas conductas delictuosas. Dice un viejo refrán, “que el bien mal hecho es peor que el mal realizado, porque el primero frustra una esperanza y el segundo es una amenaza cumplida”.

Nosotros consideramos que es dable votar a favor la reserva propuesta por la diputada Martha Delgado por tres razones fundamentales: la primera, el 348 de este Código Penal no hace una relación típica de la conducta; segundo, hay una concepción equivocada del ecocidio. Dice el 348: ecocidio es la conducta consistente en causar un daño al ambiente por la emisión de contaminantes, y el ejemplo aquí de la diputada es totalmente aplastante: El monóxido que produce cualquiera de los escapes del automóvil cuando nos conducimos a la Asamblea o a cualquier lugar, pues se ubica dentro de la concepción del 348.

En consecuencia, lo que hace es convertir a todos los presentes en presuntos delincuentes, antes de que aprobemos esta norma. Porque al momento de aprobarla pues todos así como está la redacción seremos en ese momento ecocidas, porque todos en algún momento hacemos algún daño al ambiente y en la redacción de este concepto hay una coma, por lo cual separa: es causar un daño al ambiente por la emisión de contaminantes, la realización de actividades riesgosas o la afectación de recursos naturales. Tres supuestos distintos. Pero el primero es el más grave en la concepción errónea equivocada del ecocidio propuesto.

En consecuencia por estas tres razones, por la falta de relación de elementos del tipo, por la concepción equivocada que se tiene del ecocidio y por la falta de punibilidad porque no tiene penas, lo que estamos votando el día de hoy es una declaración de fe, quizás muy ligado porque el actual de la Ciudad sea “La Ciudad de la Esperanza”, en consecuencia pues entonces ahora vamos a introducir en los cuerpos jurídicos declaraciones de fe, declaraciones de principios, pero con el agravante de que de aprobarse este artículo seremos todos los habitantes de la Capital Federal delincuentes con la aprobación y la publicación de esta norma en la Gaceta Oficial y con cualquier acto que dañe al medio ambiente que se produzca en casa, que se produzca al trasladarnos hacia algún lugar, y seremos todos ecocidas.

Bienvenida pues esta innovadora técnico jurídico penal ambiental que considera a todos los habitantes como una inversión de la carga de la prueba en materia penal, donde todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero ahora con esta redacción, lo que nosotros tendremos es algo diverso.

Por lo cual les pedimos votar a favor la reserva presentada por la diputada Martha Delgado.

Es cuanto.

EL C. DIPUTADO ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA.- Muchas gracias por esta oportunidad, diputada.

Quiero manifestar a mis compañeras y compañeros diputados que podemos debatir ampliamente si este artículo es procedente o no; no estamos haciendo ni inventando técnicas, simplemente hay una construcción lógica jurídica que permite, porque esto no está aplicando implícitamente una sanción. Sin embargo, los que somos abogados podemos encuadrar, enmarcar y reconocer esto.

Más sin embargo, mi apreciación personal es que este artículo es una suerte de poder ser y no ser, y entonces, voy a lo siguiente, entonces para nosotros, para mí en lo personal como legislador y como tribuno, resulta importante reconocer argumentos en una vida republicana y democrática en la capacidad de encontrarnos y también de haber desencuentros, de que en sí mismo la propuesta en este momento puede ser aceptada por su servidor, en aras de que el desahogo del dictamen pueda tener viabilidad y que además a los que estamos aquí, en congruencia con lo que hemos venido planteando, podamos construir, seguir construyendo acuerdos, consensos, en beneficio de los habitantes de la Capital.

Sin embargo, lo reconozco y avalo e invito a mis compañeros diputados de mi fracción a que aprobemos la reserva, pero sin embargo invito a la reflexión sobre este artículo, en una consecuencia no tan dramática como la planteaba Obdulio, sino en una consecuencia de un marco normativo general de los tipos penales que se derivan de este dictamen, es decir, cuando lo estudiemos encontraremos que éste es el concepto que le daría viabilidad a la articulación que hoy hemos planteado, sin menoscabo de reconocer que en este momento en aras de avanzarle aceptaría yo en lo personal e invito a mis compañeros que así lo hagan, de la propuesta de reserva al artículo.

Muchas gracias.

La propuesta de la Diputada Martha Delgado fue aprobada por el Pleno.